Por J. Luis Rojas
lrojas50@hotmail.com
En la República Dominicana, el sistema de pensiones basado en cuentas de capitalización individual se ha convertido en una maquinaria financiera que beneficia a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a los grupos empresariales que acceden a miles de millones del ahorro previsional. Mientras tanto, los trabajadores —los verdaderos propietarios del dinero— permanecen excluidos de las decisiones y reciben pensiones insuficientes que no reflejan el esfuerzo acumulado durante décadas de cotización.
Tres fuentes recientes permiten reconstruir con precisión este entramado: el informe Radiografía de la Seguridad Social: Resultados y Costo Social de las AFP 2025, elaborado por Francisco Alberto Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro; el reportaje “El nuevo mapa del dinero de las pensiones”, publicado por Panorama el 23 de agosto de 2026; y el análisis “En el sistema de pensiones de la República Dominicana, ¡las AFP ganan, los trabajadores pierden!”, publicado por Panorama el 9 de febrero de 2025. Estas tres piezas, provenientes de fuentes independientes y con metodologías distintas, coinciden en revelar un sistema que prioriza la rentabilidad privada por encima de la seguridad social
Las tres fuentes consultadas coinciden en una conclusión inquietante: el ahorro de los trabajadores se ha convertido en capital barato, abundante y de bajo riesgo para grandes empresas y grupos corporativos, sin garantías suficientes y sin transparencia para los afiliados.
Los límites de la Ley 87-0, las AFP y la SIPEN
La Ley 87-01 define que los fondos deben invertirse en instrumentos seguros y diversificados, orientados al desarrollo nacional. Sin embargo, el informe de Tavárez y Bosch demuestra que más del 80 % de los fondos de pensiones se concentran en deuda pública y en instrumentos privados vinculados a grandes grupos económicos. Los autores advierten que “el sistema se comporta como un esquema extractivista en términos financieros, que transfiere riquezas de los derechos sociales hacia sectores privilegiados”.
La Superintendencia de Pensiones (SIPEN), llamada a proteger a los afiliados, ha permitido que el sistema evolucione hacia un modelo donde las AFP capturan al regulador. El informe señala que el mercado previsional presenta un índice Herfindahl-Hirschman de 2,426, propio de un oligopolio, donde cuatro AFP concentran el 95.4 % de los ingresos del sistema. La concentración no es solo un dato técnico: es la evidencia de que el regulador ha sido incapaz de garantizar competencia, transparencia y protección efectiva para los trabajadores.
¿Dónde está invertido el dinero de los trabajadores?
Las tres fuentes revelan un patrón claro: el ahorro previsional financia estructuras privadas que, aunque rentables para las AFP y los grupos empresariales, exponen a los afiliados a riesgos que no comprenden y que no pueden controlar.
El reportaje de Panorama del 23 de agosto de 2026 documenta que las AFP han colocado más de RD$7,118 millones en bonos de Acero Estrella, Ingeniería Estrella y Consorcio Minero Dominicano. Los prospectos de emisión lo dicen sin ambigüedad: “Ninguna emisión cuenta con una garantía específica y todas constituyen una acreencia quirografaria”. Esto significa que no existe un activo que respalde la deuda. Si las empresas enfrentan dificultades, el fondo queda en la cola de los acreedores. ¿Qué dice la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), con respecto a esta mala práctica?
El caso de César Iglesias es aún más revelador. En agosto de 2023, las AFP compraron 27 millones de acciones por RD$3,492 millones. El precio cayó hasta un 47 % respecto al valor inicial. Panorama advierte que “el mercado secundario no tiene suficiente movimiento para absorber con rapidez la posición previsional”. Si las AFP quisieran vender, no podrían hacerlo sin pérdidas significativas. El riesgo lo asume el afiliado, no las AFP.
El reportaje también revela una paradoja alarmante: los RD$999.9 millones invertidos en el Fideicomiso Multiplaza no provienen de las cuentas individuales, sino del Fondo de Solidaridad Social, creado para completar pensiones mínimas. Ese fondo ahora depende de los alquileres de dos plazas comerciales. Si la ocupación baja, el rendimiento cae. Si el fideicomiso necesita vender, podría no encontrar compradores.
El caso de Pasteurizadora Rica introduce un riesgo distinto y especialmente delicado. Las AFP mantienen RD$11,305 millones en un fideicomiso accionario que no tiene obligación de devolver el capital, por lo que la recuperación del dinero depende exclusivamente de vender la participación o esperar hasta la liquidación del fideicomiso en 2049. En términos financieros, esto implica que los trabajadores asumen un riesgo prolongado y sin garantías, mientras los administradores del fideicomiso operan sin compromisos de retorno. “Lo demasiado hasta Dios lo ve”: los afiliados, como únicos propietarios de los fondos de pensiones, están compelidos a hacer valer sus derechos frente a estructuras de inversión que priorizan la rentabilidad empresarial por encima de la seguridad previsional.
¿Qué ponen de garantía los grupos corporativos?
La respuesta es contundente: prácticamente nada. Los bonos adquiridos por las AFP son quirografarios; las acciones dependen exclusivamente del comportamiento del mercado; los fideicomisos se sostienen en alquileres o dividendos. No existen garantías hipotecarias ni prendarias que protejan el ahorro previsional. En todos los casos, el riesgo recae íntegramente sobre los trabajadores. Si una empresa quiebra, el afiliado pierde.
Las AFP, en cambio, continúan cobrando comisiones que superan el 33 %, calculadas sobre la base del ahorro de los trabajadores, beneficiándose de una benevolencia selectiva por parte de quienes dirigen la SIPEN. Esta permisividad regulatoria permite que las administradoras obtengan ganancias extraordinarias aun cuando las inversiones que autorizan exponen a los afiliados a riesgos significativos y no mitigados.
El derecho de los afiliados a saber dónde está su dinero
La Ley 87-01 reconoce el derecho a la información, pero en la práctica los afiliados no reciben reportes claros sobre riesgos, no se les explica qué garantías respaldan cada inversión, no pueden decidir dónde se invierte su dinero, no pueden retirar sus fondos, no pueden usarlos como garantía y no pueden acceder a ellos en emergencias. Como señala Panorama (23 de agosto de 2026): “El dinero lleva su nombre, pero la puerta permanece cerrada para ellos”.
Afiliados, a las calles
Si algo está claro es que, si los afiliados del sistema de seguridad social no se organizan y salen a las calles a defender la transparencia y el buen uso de los ahorros de sus pensiones, la élite empresarial —en complicidad con las mal llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y con el liberal superintendente de pensiones, señor Francisco A. Torres Díaz— continuará realizando grandes negocios con el dinero de los trabajadores dominicanos. Cuando los hechos hablan, las palabras sobran.
El neoliberal Francisco A. Torres Díaz piensa, decide, actúa y se expresa como lo hacen los aliados estratégicos de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) y de los grupos corporativos que reciben miles de millones de pesos del ahorro previsional, aun cuando estas operaciones carecen de las garantías mínimas requeridas para transacciones de esta naturaleza. Bajo este esquema, si las empresas quiebran, el dinero de las pensiones de los trabajadores se pierde, mientras los prestatarios y las AFP continúan obteniendo beneficios.
Llora ante la presencia de Dios que la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) autorice que empresas como Grupo Estrella, César Iglesias, Multiplaza (fideicomiso inmobiliario) y el Grupo Rica reciban, prácticamente sin garantías, RD$23,165.29 millones provenientes de los fondos de pensiones de los trabajadores. En cambio, cuando un afiliado enfrenta una emergencia —una enfermedad, la necesidad de adquirir una vivienda, emprender un negocio o cualquier otra situación apremiante— la SIPEN y las AFP les cierran las puertas, amparándose estrictamente en las disposiciones de la Ley 87-01, que solo parecen aplicar con rigor cuando se trata de los derechos de los trabajadores.
Reflexiones para la acción
Las tres fuentes examinadas evidencian fallas estructurales del modelo dominicano de capitalización individual. El sistema, diseñado bajo la premisa de eficiencia y transparencia, ha demostrado ser altamente rentable para las AFP y los grupos empresariales, pero insuficiente para garantizar pensiones dignas y justas. Indicadores como la rentabilidad económica, también conocida como ROA (Return On Assets) confirman que las administradoras obtienen retornos superiores a los de la banca múltiple sin asumir riesgos reales, pues operan con capital obligatorio y ajeno.
La supervisión de la SIPEN ha sido permisiva y funcional a los intereses financieros: ha tolerado concentración del mercado, inversiones con baja transparencia y una comunicación deficiente hacia los afiliados. En un esquema donde los trabajadores no pueden decidir sobre sus fondos ni utilizarlos como garantía, la falta de transparencia compromete la integridad y credibilidad del sistema.
La escasa movilización social también ha permitido que el modelo avance sin contrapesos. La complejidad técnica y el carácter hermético del sistema han generado una ciudadanía pasiva, lo que perpetúa una estructura que no responde a los intereses de quienes aportan el ahorro.
A esto se suma una contradicción central: los grupos financieros que promueven la “responsabilidad social y la banca responsable” utilizan los fondos de pensiones como fuente de financiamiento barato, mientras los trabajadores no pueden acceder a sus propios recursos ni asegurar una pensión suficiente.
El país enfrenta una decisión crítica: mantener un sistema que prioriza la rentabilidad de los intermediarios o avanzar hacia un modelo solidario, público y transparente que coloque en el centro la seguridad económica de los trabajadores. La evidencia es concluyente: el sistema actual no está diseñado para garantizar pensiones dignas, sino para asegurar inversiones rentables. Por ello, el debate sobre la reforma a la Ley 87-01 ya no puede seguir postergándose.
Frente a las malas prácticas de las AFP, la conducta empresarial desprovista de ética y la complicidad abierta de la SIPEN con la élite corporativa, se vuelve inevitable evocar dos versos de Si se calla el cantor, del cantautor Camilo Sesto: “Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime…”. En estos tiempos, la frase adquiere un filo particular: callar es aceptar la sombra, es permitir que la injusticia se normalice, es dejar que otros decidan el destino de quienes sostienen el sistema con su trabajo. Alzar la voz, en cambio, es un acto de dignidad, de resistencia y de memoria colectiva. Porque, al final, si se calla el cantor, mueren de espanto la esperanza, la luz y la alegría; y con ellas, muere también la posibilidad de que los trabajadores recuperen lo que siempre les ha pertenecido: el derecho a recibir pensiones dignas, justas y verdaderamente humanas.
