La Redacción
Santo Domingo
Por años, el ingreso más estable en la casa de «Martha« (nombre ficticio) ha sido el dinero que obtiene limpiando un pequeño negocio tres veces por semana. Gana RD$2,000 al mes. Cuando aparece algún trabajo extra, también lava ropa ajena o carga cilindros de gas por paga, un oficio que exige un esfuerzo físico poco habitual para una mujer de 60 años.
Con ese dinero intenta sostener un hogar donde la enfermedad se instaló hace más de una década.
Su esposo, de 73 años, continúa trabajando como ebanista pese a enfrentar un cáncer de garganta. Su único hijo tiene 29 años y vive con esquizofrenia desde los 16. En la misma vivienda de madera, dividida en pequeños espacios donde conviven varios familiares, también reside un sobrino que presenta síntomas compatibles con un trastorno mental, aunque nunca ha sido evaluado por un especialista.
Antes de comenzar la entrevista hizo una sola petición: que no se tomaran fotografías ni videos donde pudiera ser identificada.
No hizo falta preguntar por qué.
Mientras habla, sus manos sudan y su mirada parece perderse por momentos. Durante trece años ha organizado consultas, medicamentos y crisis, al tiempo que busca cómo llevar dinero a la casa.
«Nosotros siempre estamos en manos de Dios», resume.
Una enfermedad que cambia la economía del hogar
Luego del diagnóstico de su hijo, el tratamiento forma parte de la rutina familiar.
Cada consulta implica transporte. Cada recaída altera la dinámica del hogar. Cada medicamento representa un nuevo esfuerzo económico.
Después de recorrer distintos servicios públicos, Martha encontró apoyo en la Pastoral de la Salud, donde actualmente su hijo recibe seguimiento médico y parte de los medicamentos prescritos.
«Esa ayuda es importante; si no, tendría que comprarlo todo», cuenta.
Sin embargo, no todo el tratamiento está cubierto.
La psiquiatra le entrega varias recetas para facilitar la continuidad del tratamiento y Martha compra una caja del medicamento que debe adquirir por su cuenta cada mes.
«Lo vamos juntando», dice cuando explica cómo logra pagarla.
La frase resume una realidad compartida por muchas familias: sostener un tratamiento prolongado implica reorganizar constantemente el presupuesto del hogar.
Cuando el cuidador también necesita ayuda
Aunque el diagnóstico corresponde a una sola persona, la enfermedad termina involucrando a toda la familia.
Martha administra los medicamentos, acompaña a su hijo a las consultas, prepara sus comidas, permanece atenta a los cambios en su comportamiento y procura que tome la última dosis antes de dormir. Al mismo tiempo cuida de su esposo y de otros familiares que viven en la vivienda.
Entre la política pública y la realidad
Para el psiquiatra y exdirector nacional de Salud Mental, Ángel Almánzar, uno de los principales desafíos del sistema dominicano no termina con el diagnóstico ni con la apertura de nuevos servicios.
“La continuidad es fundamental”, afirma.
Explica que enfermedades como la esquizofrenia requieren seguimiento permanente y que interrumpir la medicación puede aumentar el riesgo de recaídas, nuevas crisis y hospitalizaciones.
Por esa razón, considera que la salud mental debe contar con una protección financiera equivalente a la de otras enfermedades crónicas dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
“La salud mental debe recibir la misma protección que cualquier otra enfermedad crónica”, sostiene.
Durante los últimos años, el Estado ha impulsado distintas medidas para fortalecer la atención en salud mental. El Plan Estratégico Nacional de Salud Mental 2026-2030, elaborado por el Ministerio de Salud Pública, plantea ampliar la atención comunitaria, fortalecer el seguimiento de los pacientes y mejorar el acceso a medicamentos esenciales.
Una parte de esa respuesta recae sobre el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), que informa que recibe directamente del Servicio Nacional de Salud (SNS) y del Ministerio de Salud Pública los requerimientos de medicamentos de salud mental destinados a las Unidades de Intervención en Crisis (UIC) y las Clínicas de Larga Evolución (CLIPES).
A partir de esas solicitudes, PROMESE/CAL realiza los procesos de adquisición, almacenamiento y distribución de los medicamentos hacia la red hospitalaria pública. La institución también señala que realiza las proyecciones de compra necesarias para responder a las necesidades del sistema.
Entre los medicamentos de salud mental que forman parte de su catálogo figuran clorpromazina, flufenazina decanoato, haloperidol, olanzapina, quetiapina y risperidona, entre los antipsicóticos; fluoxetina, amitriptilina e imipramina, entre los antidepresivos; y carbonato de litio, ácido valproico o valproato sódico y carbamazepina, utilizados como estabilizadores del estado de ánimo y anticonvulsivantes.
Además, PROMESE/CAL ejecuta el Programa de Apoyo a las Unidades de Salud Mental (PAUSAM), mediante el cual, según la información suministrada por la institución, ofrece tratamiento 100 % gratuito a pacientes vulnerables diagnosticados con esquizofrenia y trastorno bipolar.
El programa tiene presencia en hospitales y unidades de salud mental de Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago y otras provincias del país.
Estos mecanismos representan un esfuerzo público para reducir el costo que supone para las familias mantener tratamientos psiquiátricos de larga duración.
Almánzar explica que, cuando existe un centro de salud mental comunitario vinculado al sistema y el medicamento está disponible, el paciente puede recibir allí el tratamiento enviado por PROMESE/CAL, sin tener necesariamente que comprarlo en una farmacia.
“El medicamento no tiene que ser buscado ni comprado en la botica. El medicamento puede estar disponible en el centro de salud mental comunitario”, señala.
La experiencia de Martha muestra, sin embargo, que la existencia de estos mecanismos no significa que todas las necesidades de una familia queden cubiertas.
En el caso de Martha, aunque recibe apoyo para parte del tratamiento de su hijo, todavía debe asumir de su bolsillo el costo de algunos de los medicamentos que necesita.
Su historia no demuestra que no exista una respuesta pública. Al contrario, muestra que, aun con programas destinados a facilitar el acceso al tratamiento, pueden existir gastos del bolsillo para algunas familias dependiendo de las necesidades particulares de cada paciente y de los medicamentos que requiere.
Y ahí permanece uno de los desafíos de la salud mental: lograr que esa protección pública acompañe de manera sostenida al paciente y reduzca al mínimo la carga económica que durante años puede recaer sobre su familia
Cuando la comunidad llena los vacíos
En el caso de Martha, parte del tratamiento de su hijo continúa gracias a la Pastoral de la Salud.
Después de pasar por hospitales públicos, encontró allí consultas especializadas y acceso a varios de los medicamentos prescritos.
«Esa ayuda es importante; si no, tendría que comprarlo todo», cuenta.
Para Almánzar, este tipo de redes comunitarias cumple un papel importante en el acompañamiento de muchas familias, aunque advierte que no deben sustituir la responsabilidad del sistema sanitario.
A su juicio, la atención comunitaria funciona mejor cuando existe articulación entre los servicios públicos, las organizaciones sociales y el entorno familiar del paciente.
Mucho más que una receta
Mantener un tratamiento implica mucho más que obtener medicamentos.
También supone asistir a consultas, reorganizar horarios, asumir gastos de transporte, responder ante una crisis y sostener emocionalmente a quien vive con la enfermedad.
En la casa de Martha esa responsabilidad recae, principalmente, sobre ella.
A sus 60 años limpia un negocio tres veces por semana, acepta lavar ropa cuando surge la oportunidad y hasta gana dinero llevando cilindros de gas a otras personas, un trabajo físicamente exigente que asumió cuando la salud de su esposo comenzó a deteriorarse.
Mientras tanto, administra la medicación de su hijo, permanece atenta a sus horarios y continúa acompañándolo a las consultas.
Su esposo, pese al cáncer que enfrenta, sigue trabajando como ebanista siempre que su condición se lo permite.
Cuando llega el momento de comprar el medicamento que deben costear por su cuenta, la estrategia es la misma.
«Lo vamos juntando», dice.
Cuatro palabras que resumen años de esfuerzo silencioso.
Una historia que no termina
Hace trece años Martha acompañó a su hijo en una crisis que obligó a trasladarlo al hospital con apoyo del sistema de emergencias.
Hoy la realidad es distinta.
Los episodios de agresividad disminuyeron con el tratamiento y el joven, que ahora tiene 29 años, permanece la mayor parte del tiempo dentro de la vivienda, donde pasa horas dibujando en cuadernos.
Su madre mantiene la esperanza de que continúe estable.
“Yo siempre estoy pidiendo a Dios”, dice.
Historias como la suya muestran que el impacto de un trastorno mental trasciende al paciente. También puede transformar la economía del hogar, redistribuir responsabilidades y convertir a las familias en una parte fundamental del acompañamiento de tratamientos que pueden prolongarse durante años.
Mientras República Dominicana continúa desarrollando su reforma en salud mental, especialistas como Ángel Almánzar coinciden en que uno de los grandes retos será no solo ampliar los servicios, sino garantizar que quienes viven con estas enfermedades puedan mantener sus tratamientos de forma continua y oportuna.
Porque detrás de cada diagnóstico hay una familia que, muchas veces lejos de las estadísticas, combina sus propios esfuerzos con los apoyos disponibles para intentar sostener la estabilidad un día más.
