Dalton Herrera
Algunas cuentas en Instagram y X (Twitter) que utilizaban el anonimato para destruir reputaciones, burlarse de las personas, incluso de los difuntos sin el más mínimo respeto por el dolor de sus familias, han quedado al descubierto.
Pero todas esas atrocidades que atentan contra la dignidad ajena son poca cosa frente a lo que, quizás, constituye el peor de los agravios: recibir dinero del Estado para servir como aparato de propaganda, desinformación y ataque contra los mismos ciudadanos que sostienen el erario con el pago de sus impuestos.
Que un gobierno necesite esconderse detrás de memeros, cuentas anónimas y mercenarios digitales para defender su gestión no solo evidencia una profunda pobreza política, sino también un desprecio absoluto por la inteligencia de la ciudadanía.
No hay forma de justificar que los impuestos de la gente sean utilizados para atacar a esa misma gente.
Lo verdaderamente alarmante es que desde el poder se considere legítimo utilizar recursos públicos para alimentar esa maquinaria. Porque el día en que un gobierno necesita comprar insultos para defenderse, ya ha perdido la batalla de las ideas. Y cuando el dinero de todos termina financiando el odio de unos pocos, el costo no solo se mide en pesos, se paga con el deterioro de la democracia, la confianza ciudadana y la calidad moral de una nación.
