Daris Javier Cuevas
Como se sabe, la sociedad es altamente dinámica y cuando algo no funciona conforme con la realidad se plantean soluciones orientadas a construir nuevas figuras amigable con la realidad, la cual ha de reflejar las aspiraciones del conglomerado social.
Desde esa perspectiva, el instrumento por excelencia para una reorientación de la buena convivencia son las reformas como herramienta que atenuar las discrepancias sociales, económicas, políticas, educativas, jurídicas y constitucionales.
Concebir una reforma implica modificar o cambiar un sistema, las leyes o normas en toda su estructura para mejorar y adaptar a nuevas necesidades inherente a la dinámica económica, políticas y legales donde los ciudadanos sientan que están expresados. Por tal razón, una reforma sugiere una aplicación cautelosa y gradual, cuya finalidad procura corregir fallas sin destruir la base original o sustantiva.
A la luz de la razón, los propósitos más habituales de las reformas descansan básicamente en el ámbito económico con el objetivo de mejorar la economía realizando cambios para comprimir gastos públicos, mitigar la evasión de impuestos y procurar que el Estado conserve recursos financieros para las obras y servicios esenciales. Por igual, las reformas han de fortalecer la justicia y las leyes, implementando las normas que sean iguales para todos, combatiendo la corrupción y estableciendo que el sistema funcione con la mayor transparencia posible.
Hay que poner de relieve que toda reforma debe contener de manea intrínseca la protección a los más vulnerables. Pues las reformas se conciben para socorrer a las familias de clase media o baja, a las pequeñas y medianas empresas, proporcionando más oportunidades y resguardándolas en momentos de vulnerabilidad y eventos de crisis.
En la concepción filosófica y la doctrina económica, toda reforma ha se cimentarse en los fundamentos y objetivos del sistema predominante, lo cual debe orientarse a fortalecer la institucionalidad, adaptar las leyes a los estándares globales modernos y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero nunca suprimir las conquistas. Vista así las cosas, se entiende que toda reforma debe procurar mejorar el sistema mediante un proceso de gradualidad, continuidad y racionalidad para garantizar su efectividad.
En el contexto de lo planteado, una retrospectiva hacia las reformas en la Republica Dominicana permite observar que la década de los noventa fue una etapa donde se alcanzaron las reformas estructurales de mayor efectividad y que, posteriormente, sirvieron de soporte a la dinámica económica. Pero se trata de que los entes activos alcanzaron armonizar los propósitos de las reformas que se impulsaron, evitando la imposición y atenuando las discrepancias con aplicación gradual.
Abrumado por la ausencia de una visión de Estado democrático de derecho, el 18 de agosto del 2021 el presidente Abinader se dejó empujar por las emociones que da el poder, anunciaba al país una carpeta de 12 reformas de carácter estructural, sin embargo, ninguna expresaba un propósito viable y factible. Dentro de este paquete de reformas estuvieron una reforma constitucional, reforma al sector eléctrico, reforma al sector agua, reforma policial, reforma para la modernización del Estado, reforma educativa, reforma de la salud y la seguridad social, reforma al sector transporte, reforma para la transformación digital, reforma fiscal integral, reforma laboral, reforma al sector hidrocarburo, reforma eléctrico y reforma al código penal.
Este paquete de reformas se ha desvanecido 5 años después ya que las mismas nunca se inspiraron en un propósito ni en la razonabilidad. Fracasaron porque no representaron las aspiraciones de la sociedad, no se escucharon las múltiples visiones diferente y solo quisieron imponerlas con criterios tiránicos de la mayoría, pues en los 24 meses restantes del periodo constitucional las posibilidades de éxitos lucen precarias y anémicas.
