Carlos Salcedo
Los jueces tienen pleno derecho a reclamar condiciones dignas para el ejercicio de sus funciones. No puede existir verdadera independencia judicial en medio de precariedades institucionales, limitaciones presupuestarias o debilidades estructurales que afecten la calidad del servicio. Una justicia debilitada termina comprometiendo el propio Estado de derecho.
La justicia no constituye un servicio público cualquiera. Para miles de ciudadanos representa el último espacio de protección frente a abusos, arbitrariedades o violaciones de derechos. Cada audiencia suspendida, cada decisión retrasada y cada tribunal paralizado impacta directamente la vida de personas que esperan respuestas del sistema judicial.
En ese contexto, resulta significativo que ni siquiera exista unanimidad dentro de la propia judicatura respecto al paro convocado. Inicialmente, los convocantes ni siquiera se identificaron públicamente, algo particularmente delicado tratándose de jueces, cuya función exige responsabilidad y transparencia. De hecho, en un primer momento la propia Asociación de Jueces y Juezas calificó la convocatoria como irresponsable. Sin embargo, posteriormente terminó respaldando la paralización, decisión que provocó la renuncia de 61 jueces de dicha organización por entender que se adoptó sin consulta suficiente ni consenso interno.
No obstante, posteriormente se dio a conocer un listado de 232 jueces que, de manera abierta y responsable, asumieron públicamente los reclamos y suscribieron las demandas planteadas. Ese hecho contribuye a transparentar el debate y a situarlo dentro de cauces institucionales más compatibles con la responsabilidad inherente a la función judicial.
Es cierto que los jueces requieren mejores condiciones y mayores recursos para desempeñar adecuadamente sus funciones. Nadie sensato puede desconocer esa realidad. Pero también es cierto que la República Dominicana enfrenta limitaciones presupuestarias y múltiples demandas sociales concurrentes. Precisamente por ello, las soluciones deben construirse desde la racionalidad institucional, la gradualidad y el equilibrio entre las necesidades sectoriales y el interés general.
La judicatura debe diferenciarse de dinámicas gremiales propias de otros sectores. No creo que los jueces quieran parecerse a la ADP ni trasladar al sistema judicial prácticas que terminan normalizando la interrupción de servicios esenciales como mecanismo ordinario de presión.
Al momento de redactar este artículo, he sabido que el Consejo del Poder Judicial ha convocado a una reunión a los jueces reclamantes. Esa decisión constituye una señal positiva y debería abrir paso a una salida institucional, razonable y equilibrada, que permita atender legítimas preocupaciones sin poner en juego la continuidad del servicio judicial. Tanto los reclamantes como el propio Poder Judicial están llamados a asumir el papel que espera la ciudadanía: preservar un sistema de justicia accesible, estable y permanentemente disponible para todos.
El diálogo institucional debe prevalecer. Existen múltiples vías legítimas y eficaces para canalizar reclamos sin impedir el acceso de los ciudadanos a la justicia como pronunciamientos públicos, debates técnicos, mecanismos institucionales, espacios académicos y acciones coordinadas que preserven la credibilidad del Poder Judicial.
La independencia judicial necesita ser defendida. Pero también necesita ser ejercida con responsabilidad institucional. Porque cuando se paralizan los tribunales, el ciudadano siente que el Estado deja de escuchar precisamente en el lugar donde más necesita ser oído.
