Por J. Luis Rojas
lrojas50@hotmail.com
La decisión de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) de impulsar un fondo de crédito para viviendas financiado con recursos de los fondos de pensiones ha sido presentada como una iniciativa innovadora destinada a facilitar el acceso de miles de trabajadores dominicanos a su primera vivienda. A primera vista, la propuesta parece atractiva: préstamos a largo plazo, tasas fijas, menores exigencias de financiamiento y la promesa de convertir el sueño de la casa propia en una realidad para muchas familias. Sin embargo, una mirada más profunda obliga a formular preguntas incómodas que hasta el momento no han recibido respuestas suficientemente convincentes.
El debate no gira realmente en torno a la vivienda. Nadie puede estar en contra de que los trabajadores tengan acceso a mejores oportunidades para adquirir un techo digno. La verdadera discusión radica en determinar si los recursos acumulados durante décadas para garantizar una pensión en la vejez deben ser utilizados para financiar actividades crediticias sujetas a riesgos económicos y financieros. Cuando se trata de los ahorros previsionales de millones de personas, el entusiasmo nunca debe sustituir a la prudencia.
El dinero no es de la SIPEN, ni de las AFP, ni de los bancos
Los fondos de pensiones tienen una finalidad específica: proteger a los trabajadores cuando concluya su vida productiva. Su razón de ser no consiste en dinamizar sectores económicos ni en suplir las limitaciones del mercado financiero. Esos recursos pertenecen a hombres y mujeres que durante años han aportado una parte de sus ingresos con la expectativa de contar con un respaldo económico cuando la edad o las condiciones de salud les impidan continuar trabajando. Por esa razón, cualquier decisión que involucre esos fondos debería estar regida por un criterio elemental: preservar el capital y minimizar los riesgos por encima de cualquier otra consideración.
No obstante, la iniciativa de la SIPEN introduce un cambio de enfoque que merece atención. En lugar de concentrarse exclusivamente en la seguridad y rentabilidad del ahorro previsional, propone canalizar recursos hacia una cartera hipotecaria que dependerá de la capacidad de pago futura de miles de deudores. Sus promotores destacan la existencia de garantías, seguros y mecanismos de cobertura, pero la experiencia internacional demuestra que ninguna garantía elimina por completo el riesgo. Las crisis económicas suelen aparecer cuando menos se esperan, los mercados inmobiliarios también se deterioran y el desempleo puede convertir a prestatarios solventes en deudores morosos en un abrir y cerrar de ojos.
La pregunta fundamental continúa sin respuesta: si una desaceleración económica provoca un incremento significativo de los incumplimientos y el rendimiento del fondo se ve afectado, ¿quién absorberá las pérdidas? Los bancos no aportarán el capital. La SIPEN tampoco colocará recursos propios. Las AFP administrarán las inversiones, pero los fondos pertenecen a los trabajadores. Por consiguiente, resulta inevitable concluir que el riesgo último recae sobre quienes han confiado sus ahorros al sistema previsional con la expectativa de contar con una jubilación digna en el futuro.
Aún más preocupante resulta la contradicción implícita en el modelo. Durante años se les ha explicado a los afiliados que los recursos acumulados en sus cuentas individuales no pueden utilizarse libremente porque están destinados a financiar su retiro. Sin embargo, ahora se plantea emplear esos mismos recursos para respaldar préstamos hipotecarios otorgados a terceros. En otras palabras, cuando el trabajador desea acceder directamente a una parte de sus ahorros, el sistema le recuerda que esos fondos son intocables; pero cuando se trata de incorporarlos a esquemas de financiamiento administrados por intermediarios financieros, las barreras parecen desaparecer con sorprendente facilidad.
Este aspecto conduce al punto más cuestionable de toda la propuesta: la participación de la banca comercial. Según lo anunciado, el dinero utilizado para financiar los préstamos no procederá del patrimonio de los bancos, sino de los fondos acumulados por los trabajadores. Sin embargo, serán las entidades financieras las encargadas de evaluar a los solicitantes, administrar las operaciones, gestionar los cobros y percibir beneficios económicos derivados de dicha intermediación. Dicho de forma simple, los trabajadores aportan el capital y asumen el riesgo, mientras los bancos administran el negocio.
La banca gana sin poner el capital
Naturalmente, los defensores del esquema argumentarán que las entidades financieras poseen la experiencia, la infraestructura y el conocimiento técnico necesarios para manejar una cartera hipotecaria. Probablemente sea cierto. Lo que resulta discutible es que la solución elegida consista en utilizar recursos previsionales para alimentar una estructura en la que los riesgos recaen sobre los afiliados mientras los beneficios operativos se concentran en intermediarios que no están aportando el capital principal del sistema.
La situación genera una paradoja difícil de justificar ante la opinión pública. El trabajador aporta durante toda su vida laboral a un fondo de pensiones; posteriormente debe acudir a un banco para solicitar un préstamo financiado con recursos provenientes, precisamente, de esos mismos fondos; y finalmente deberá pagar intereses por acceder a dinero cuyo origen está ligado a los aportes realizados por él y por millones de cotizantes. Resulta legítimo preguntarse si este modelo fue concebido para beneficiar prioritariamente a los afiliados o para crear una nueva oportunidad de negocios alrededor de sus ahorros.
Cuando la excepción se convierte en regla
Más allá de las ventajas inmediatas que pueda ofrecer el programa, existe una preocupación institucional de largo plazo. Si hoy se justifica utilizar los fondos de pensiones para financiar viviendas, mañana podría plantearse su utilización para otros proyectos considerados estratégicos o socialmente deseables. La historia económica demuestra que cuando los recursos previsionales comienzan a percibirse como una fuente de financiamiento para distintos fines, el riesgo de desnaturalizar la esencia del sistema aumenta considerablemente. Lo que hoy se presenta como una excepción podría convertirse mañana en una práctica habitual.
¿Autoriza la Ley 87-01 al superintendente de Pensiones a asumir riesgos experimentales con los fondos de retiro que pertenecen a millones de trabajadores dominicanos?
La vivienda digna es una aspiración legítima y merece políticas públicas eficaces. Sin embargo, las pensiones también constituyen un derecho fundamental. Ningún país debería verse obligado a elegir entre una vivienda hoy y una pensión mañana. El verdadero desafío consiste en encontrar mecanismos que amplíen las oportunidades de acceso al crédito sin comprometer la seguridad de los recursos destinados a sostener la vida de millones de personas durante su vejez.
La hora del debate nacional
La propuesta de la SIPEN no puede despacharse como una simple iniciativa financiera ni como una política pública más. Lo que está en juego es el destino de miles de millones de pesos pertenecientes a los trabajadores dominicanos, recursos que fueron concebidos para protegerlos durante la etapa más vulnerable de sus vidas: la vejez. Por esa razón, el debate no debe limitarse a los organismos reguladores, las AFP, los bancos o los expertos financieros. Los verdaderos dueños de esos fondos son los trabajadores y, por tanto, son ellos quienes tienen el mayor interés en conocer los riesgos, las condiciones y las consecuencias de este esquema.
Antes de dar este paso, la SIPEN tiene la obligación moral y técnica de explicar con absoluta transparencia quién asume las pérdidas si el modelo fracasa, quién se beneficia económicamente de la intermediación financiera, cuánto costará administrar estos créditos y cuáles mecanismos impedirán que los fondos de pensiones terminen siendo utilizados para objetivos distintos a los que justificaron su creación. Hablar de viviendas sin hablar de riesgos es ofrecer solo una parte de la historia.
Por ello, antes de celebrar esta iniciativa como una conquista social, conviene plantear una interrogante que va al corazón del debate: ¿se está frente a una política diseñada para proteger los intereses de los afiliados o ante un esquema que convierte sus ahorros previsionales en capital disponible para la intermediación financiera?
Paraguay: una advertencia que no debe ignorarse
Llama la atención que el propio superintendente de Pensiones, Francisco Torres, haya considerado necesario referirse públicamente al reciente caso de Paraguay para destacar las fortalezas regulatorias del sistema dominicano y asegurar que existen mecanismos de supervisión capaces de evitar una situación similar. Según explicó, las autoridades dominicanas cuentan con herramientas de vigilancia y fiscalización que permitirían mitigar riesgos y responder oportunamente ante eventuales dificultades.
Sin embargo, más allá de las diferencias entre ambos países, el caso paraguayo debería asumirse como una advertencia y no como un argumento tranquilizador. La principal lección que deja esa experiencia es que ningún sistema financiero, ningún regulador ni ningún esquema de supervisión son infalibles. Las crisis rara vez se anuncian con anticipación y, cuando estallan, suelen poner a prueba precisamente aquellos mecanismos de control que previamente parecían suficientes.
En Paraguay, las preocupaciones recientes sobre la exposición de recursos previsionales a entidades financieras y los debates en torno a la concentración de las inversiones han reavivado la discusión sobre la necesidad de administrar con extrema prudencia los fondos destinados a las jubilaciones. Esta realidad recuerda que la protección del ahorro de los trabajadores debe prevalecer siempre sobre cualquier criterio de conveniencia, oportunidad o experimentación financiera.
Por esa razón, la pregunta relevante no es si la República Dominicana posee mejores controles que Paraguay. La verdadera interrogante es si resulta prudente aumentar la exposición de los ahorros de los trabajadores a nuevas estructuras financieras e intermediarios cuando el objetivo primordial del sistema previsional debería ser preservar el capital con el menor riesgo posible.
Las pensiones no pueden administrarse bajo el supuesto de que la supervisión resolverá cualquier eventualidad futura. La primera línea de defensa de los fondos previsionales debe ser siempre la prudencia.
De hecho, la experiencia de los sistemas de pensiones en distintas partes del mundo demuestra que, cuando los recursos previsionales comienzan a apartarse de su finalidad original para financiar objetivos económicos paralelos, aumenta la necesidad de regulación, supervisión y mecanismos de control. Sin embargo, una mayor dependencia de estos instrumentos también implica mayores desafíos, pues ningún sistema de vigilancia está completamente libre de errores o limitaciones.
En consecuencia, un fallo regulatorio, una crisis económica o una decisión de inversión desacertada pueden terminar comprometiendo recursos que pertenecen a millones de trabajadores. Por ello, la mejor protección para los fondos de pensiones sigue siendo una política de inversión prudente, transparente y estrictamente orientada a salvaguardar los intereses de los afiliados.
¿Será consciente el superintendente de Pensiones de que, en Paraguay, millones de ahorristas del Ueno Bank y cuantiosos recursos vinculados al Instituto de Previsión Social quedaron expuestos en medio de una grave crisis financiera? Esta experiencia demuestra que ningún sistema de supervisión es infalible y que la prudencia debe prevalecer cuando están en juego recursos destinados a garantizar la seguridad económica de los trabajadores durante su etapa de retiro.
Los fondos de pensiones no pueden convertirse en instrumentos para maximizar las utilidades de las AFP, de los bancos comerciales ni de ningún otro actor del sistema financiero. Su razón de ser es proteger el patrimonio de los afiliados y garantizar pensiones dignas y sostenibles. Por ello, toda decisión de inversión debe regirse por los principios de seguridad, prudencia, transparencia y estricto apego al interés de los trabajadores, que son los verdaderos propietarios de esos recursos.
Los trabajadores deben levantar su voz
Las organizaciones sindicales, los gremios profesionales, las asociaciones empresariales, las universidades, los centros de investigación y las entidades de la sociedad civil tienen la responsabilidad de promover y exigir un debate amplio, plural, riguroso y transparente sobre esta iniciativa.
Los fondos de pensiones no pertenecen al Estado, ni a las AFP, ni a las entidades bancarias. Son patrimonio de millones de trabajadores dominicanos que, durante años, han destinado una parte significativa de sus ingresos con la expectativa de contar con protección económica en la etapa de retiro.
Más aún, resulta legítimo que los afiliados demanden explicaciones claras y garantías suficientes, especialmente cuando persisten cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para cumplir plenamente las promesas de bienestar y seguridad financiera que motivaron su creación.
La sociedad dominicana debe preguntarse si está dispuesta a abrir la puerta para que el ahorro previsional se convierta gradualmente en una fuente de financiamiento de políticas económicas y negocios financieros que poco tienen que ver con la protección de la vejez.
Al final, la discusión no es sobre viviendas ni siquiera sobre hipotecas. La discusión es sobre el respeto al ahorro de los trabajadores. Y cuando están en juego los recursos destinados a garantizar una vejez digna, la prudencia no es una opción: es una obligación.
Más fondos, pero no mejores pensiones
No deja de ser revelador que, mientras los fondos administrados por las AFP superan los RD$1.6 billones y representan más del 20 % del producto interno bruto (PIB), el principal debate nacional continúe centrado en el bajo nivel de las pensiones que recibirán muchos trabajadores al momento de su retiro.
Los hechos resultan difíciles de ignorar. Desde su llegada a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Francisco A. Torres Díaz ha promovido iniciativas orientadas a ampliar las alternativas de inversión de los fondos de pensiones en busca de mayores niveles de rentabilidad. Sin embargo, estas propuestas han suscitado cuestionamientos en diversos sectores debido a los riesgos que podrían implicar para recursos que tienen como propósito fundamental garantizar la protección económica de los trabajadores durante su vejez.
Más allá de las estrategias de inversión impulsadas por la SIPEN, persiste una realidad que preocupa a millones de afiliados: las pensiones proyectadas continúan siendo consideradas insuficientes para asegurar una calidad de vida digna al momento del retiro. Mientras tanto, las AFP, las entidades financieras y determinadas empresas receptoras de inversiones obtienen beneficios significativos derivados de la administración y utilización de estos recursos.
Esta situación plantea una interrogante fundamental: si los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento sostenido durante años, ¿por qué una parte importante de los trabajadores sigue percibiendo que los principales beneficios del sistema no se reflejan en la mejora de sus futuras pensiones? La respuesta a esta pregunta constituye, posiblemente, uno de los mayores desafíos pendientes del sistema previsional dominicano.
El superintendente de pensiones: ¿guardián de los afiliados o de las AFP?
Las acciones son las que construyen o destruyen la credibilidad de un funcionario público. En el caso de Francisco A. Torres, superintendente de Pensiones, una parte importante de la población percibe que sus decisiones han estado más orientadas a preservar los intereses de las AFP que a responder a las preocupaciones de los trabajadores afiliados.
Por eso, cada vez que Torres anuncia una nueva propuesta supuestamente destinada a beneficiar a los afiliados, la reacción de amplios sectores de la sociedad suele estar marcada por el escepticismo y el rechazo.
La controversia actual sobre el uso de fondos de pensiones para financiar créditos hipotecarios es una muestra de ello. Muchos trabajadores se preguntan por qué se insiste en utilizar sus ahorros para alimentar nuevos esquemas financieros cuando todavía no existe certeza sobre la capacidad del sistema para garantizarles una vejez digna.
Si la iniciativa de la SIPEN estuviera realmente concebida en función de los intereses de los afiliados, surge una pregunta legítima: ¿por qué no permitir que los propios trabajadores accedan directamente a una parte de sus ahorros, sin intermediarios financieros?
Si el propósito es favorecer a los afiliados, resulta razonable cuestionar por qué sus recursos deben canalizarse a través de terceros en lugar de generar beneficios directos para quienes son sus verdaderos propietarios.
Prudencia antes que experimentar con los fondos de pensiones
Los fondos de pensiones fueron creados para garantizar seguridad económica durante la vejez. Cualquier iniciativa que implique asumir riesgos adicionales con esos recursos debe demostrar, de manera inequívoca, que beneficia primero a los trabajadores y no a los intermediarios financieros.
En materia previsional, la innovación puede ser necesaria y deseable. Sin embargo, cuando están en juego los ahorros de millones de personas, la prudencia debe seguir siendo el principio rector. La verdadera medida del éxito de cualquier reforma no será la cantidad de créditos otorgados ni los beneficios generados para los intermediarios financieros, sino la capacidad del sistema para cumplir la promesa fundamental que le dio origen: garantizar una vejez digna, segura y sostenible para todos los trabajadores.
El superintendente de Pensiones debe recordar que los fondos previsionales no constituyen un laboratorio para ensayar nuevas fórmulas financieras ni una fuente de recursos disponible para experimentar con proyectos cuyo riesgo final recaiga sobre los trabajadores. Su principal responsabilidad no es maximizar la colocación de inversiones ni promover mecanismos novedosos de financiamiento, sino proteger con rigor, prudencia y responsabilidad el ahorro acumulado durante décadas por millones de dominicanos.
Cuando están en juego recursos destinados a sostener la calidad de vida de los trabajadores en su etapa de retiro, toda decisión debe someterse al más estricto escrutinio técnico, legal y ético. La historia demuestra que los errores en materia previsional suelen tener consecuencias profundas y duraderas, y que el costo de esas equivocaciones termina recayendo sobre quienes cuentan con menos posibilidades de recuperarse de ellas: los pensionados y futuros jubilados.
Por ello, antes de impulsar esquemas que incrementen la exposición al riesgo de los fondos de pensiones, la SIPEN debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer la sostenibilidad del sistema, mejorar las perspectivas de las futuras pensiones y garantizar que los beneficios del crecimiento de los fondos se reflejen efectivamente en el bienestar de los afiliados. El verdadero desafío no consiste en encontrar nuevos destinos para esos recursos, sino en asegurar que cumplan fielmente la finalidad para la cual fueron creados: proteger la estabilidad económica y la dignidad de los trabajadores dominicanos durante su vejez.
