La Redacción
San Francisco de Macorís
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte impuso este viernes medidas de coerción contra Delvinson De La Cruz Sosa, de 29 años, investigado por el Ministerio Público por presuntamente amenazar y planificar un atentado en contra del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.
El juez Wilton Oniel Peguero acogió parcialmente el pedimento del Ministerio Público —que había solicitado prisión preventiva— y dictó contra el procesado una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, presentación periódica cada 15 días y el impedimento de salida del municipio de San Francisco de Macorís.
De igual modo, la resolución establece que el imputado quedará bajo el cuidado y vigilancia de su padre durante un período de seis meses.
En la audiencia de conocimiento de medidas de coerción, el órgano acusador estuvo representado por el fiscal litigante Engels Luis Polanco.
De acuerdo con el expediente, De La Cruz Sosa fue arrestado mediante orden judicial durante un allanamiento ejecutado en su residencia, ubicada en el segundo nivel de una vivienda en la calle Joaquín Balaguer, del sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís.
Las autoridades también requisaron la Ferretería Molina, localizada en la avenida Profesor Juan Bosch del mismo sector, establecimiento donde labora el investigado.
La orden de arresto y los allanamientos fueron solicitados por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, y autorizados por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte.
Al emitir la autorización judicial, la magistrada sustentó la medida en la “investigación sobre planificación de un presunto atentado terrorista en contra del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, previsto para el 6 de noviembre de 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución”.
Las diligencias, en las que participa la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se iniciaron tras alertas emitidas por organismos de inteligencia sobre las intenciones del imputado.
Durante los operativos, las autoridades se enfocaron en la búsqueda de equipos electrónicos, armas de fuego, pertrechos militares y artefactos explosivos.
Como resultado de las requisas, se ocuparon objetos electrónicos y sustancias químicas que son analizadas como evidencias dentro del proceso investigativo.
