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Potestad del TC en recurso revisión de violación de derechos fundamentales

Por Redacción
9 de noviembre de 2026
en Opinión
Potestad del TC en recurso revisión de violación de derechos fundamentales
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Teodoro Tejeda

La Constitución de la República Dominicana en su artículo 5. – Fundamento de la Constitución. Se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas.

En tal sentido, la Constitución consagra los derechos fundamentales como las atribuciones y garantías inherentes a la dignidad humana, establecidos en los artículos 37 al 66. Asimismo, en su artículo 72, relativo a la Acción de amparo, dispone que, a partir de la proclamación de la Constitución, el 26 de enero de 2010, los recursos de amparo contra actos administrativos que vulneren derechos fundamentales y que provengan de una autoridad pública o de un órgano de la Administración son competencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), conforme a lo establecido en el artículo 164 de la Constitución.

Citamos:

Artículo 164. Integración. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa estará integrada por tribunales superiores administrativos y tribunales contencioso-administrativos de primera instancia. Sus atribuciones, integración, ubicación, competencia territorial y procedimientos serán determinados por la ley. Los tribunales superiores podrán dividirse en salas y sus decisiones son susceptibles de ser recurridas en casación.

Cabe destacar que, anteriormente, su aplicación se establecía en la Ley núm. 437-06, que instituye el Recurso de Amparo, del 1 de noviembre de 2006.

Es muy importante aclarar que las sentencias emanadas de los tribunales superiores administrativos (TSA) solo son recurribles mediante el recurso de casación ante el Tribunal Constitucional (TC), conforme al artículo 184 de la Constitución y a lo establecido en el artículo 53, numeral 3, de la Ley núm. 137-11, que confiere al Tribunal Constitucional la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales.

La Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, representa uno de los instrumentos normativos de mayor relevancia para la justicia constitucional en el país. Fue promulgada el 15 de junio de 2011 y modificada por la Ley núm. 145-11, del 29 de junio de 2011. Con esta normativa se sientan las bases para el funcionamiento del Tribunal Constitucional, contemplado en el artículo 184 de la Constitución, que regula los procedimientos constitucionales. Esta ley surge por mandato del artículo 189, relativo a la Regulación del Tribunal.
Citamos:

Artículo 53.- Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes casos: Numeral 3).

Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: Artículo 189.- Regulación del Tribunal. La ley regulará los procedimientos constitucionales y lo relativo a la organización y al funcionamiento del Tribunal Constitucional.

La Constitución de la República con la instauración del Estado social y de las funciones esenciales del Estado a través de los artículos 7. Estado Social y Democrático de Derecho y 8. Función esencial del Estado, se estableció un mandato constitucional, donde la función esencial del Estado el respeto de los derechos fundamentales, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva.

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