Por Carlo Lara
En la República Dominicana, la expresión popular «poner en 29», utilizada en determinados contextos para referirse a personas que mueren en enfrentamientos con agentes policiales, se ha incorporado a las conversaciones cotidianas, en medio de un debate cada vez más intenso sobre la delincuencia, la seguridad ciudadana y la responsabilidad del Estado frente a quienes desafían la autoridad y ponen en peligro la vida de los demás.
Pero detrás de esta expresión hay una realidad que no podemos ignorar: el dolor de las víctimas, el temor de las familias que salen a trabajar sin saber si regresarán a sus hogares y la indignación de una sociedad que reclama vivir en paz.
La Constitución dominicana, en su artículo 37, establece que el derecho a la vida es inviolable y prohíbe la pena de muerte. Este principio protege a todos, sin distinción. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿quién defiende con la misma firmeza el derecho a la vida de las personas asesinadas, asaltadas y sometidas al terror por quienes han convertido la delincuencia en su forma de vida?
La respuesta no puede limitarse a discursos ni a declaraciones de ocasión. El Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía, perseguir el delito y garantizar que la justicia funcione. También debe respetar la Constitución, investigar las actuaciones policiales y asegurar que el uso de la fuerza se mantenga dentro de los límites de la ley.
El problema no consiste únicamente en estar a favor o en contra de la expresión «poner en 29». La discusión de fondo es cómo una sociedad puede enfrentar la criminalidad sin renunciar al Estado de derecho y sin permitir que los delincuentes impongan sus propias reglas.
La irresponsabilidad de algunos padres también tiene consecuencias
Hay un aspecto de esta crisis que merece una atención especial: la actitud de aquellos padres que, en lugar de corregir, orientar y asumir su responsabilidad, justifican las conductas delictivas de sus hijos, minimizan sus acciones y convierten cualquier consecuencia en una supuesta persecución contra la familia.
Cuando un joven roba, agrede, amenaza o participa en un hecho criminal, no se puede responder automáticamente que es una víctima de la sociedad. Las condiciones sociales pueden ayudar a explicar determinados comportamientos, pero no convierten el delito en una conducta aceptable.
Resulta doloroso observar a familiares que, ante hechos graves, parecen más interesados en defender la imagen de sus hijos que en reconocer el daño causado a otras personas. La solidaridad familiar es legítima; la complicidad moral con el delito es otra cosa.
Ser padre o madre no consiste solamente en alimentar, vestir y defender a un hijo. También significa enseñarle límites, inculcarle valores, corregir sus errores y prepararlo para convivir respetando los derechos de los demás.
Un padre responsable no celebra la violencia, no convierte la delincuencia en una hazaña ni utiliza el amor familiar como excusa para negar la responsabilidad de sus hijos.
Y cuando un hijo comete un delito, reconocerlo no significa dejar de amarlo. Significa comprender que permitirle continuar por ese camino puede conducirlo a la cárcel, a la muerte o a causar un daño irreparable a otra familia.
Las víctimas también tienen derechos
De acuerdo con las cifras definitivas divulgadas en 2026 por el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), la República Dominicana registró 951 homicidios intencionales durante 2025, para una tasa de 8.7 por cada 100,000 habitantes. El dato demuestra que la violencia letal continúa siendo un desafío que requiere atención permanente.
Detrás de cada cifra hay una historia que merece ser contada: una madre que pierde a su hijo, un niño que queda huérfano, una familia que pierde su sustento o una persona trabajadora cuya vida queda marcada por un asalto.
Sin embargo, cuando un presunto delincuente muere en una intervención policial, la discusión pública suele concentrarse en su familia y en las circunstancias de su muerte. Es legítimo exigir que se investigue cualquier posible abuso de autoridad, pero también es necesario preguntarnos por las víctimas de los hechos delictivos que dieron origen a esas intervenciones.
No existen ciudadanos de primera y de segunda categoría cuando se trata de proteger la vida. Los derechos de una persona investigada o acusada de cometer un delito no eliminan los derechos de quienes sufrieron sus acciones.
La justicia debe esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y actuar conforme a la ley. Ni la impunidad del delincuente ni el abuso de la autoridad pueden convertirse en la norma.
La pobreza no condena a nadie a ser delincuente
Es innegable que la educación dominicana tiene una deuda con muchos jóvenes de sectores históricamente marginados. En barrios como Gualey, Capotillo, Nuevo Domingo Savio, Simón Bolívar, Las Cañitas, María Auxiliadora, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, los ensanches Espaillat y Luperón y el sector 24 de Abril, entre otros, hay estudiantes que enfrentan enormes dificultades para continuar sus estudios y acceder a oportunidades de desarrollo.
Pero también hay jóvenes que, a pesar de las limitaciones económicas, la falta de recursos y las dificultades familiares, se esfuerzan, terminan sus estudios y logran ingresar a la universidad, emprender negocios y transformar la vida de sus familias.
Esos jóvenes demuestran que las condiciones sociales importan, pero no determinan por sí solas el destino de una persona.
La pobreza no debe romantizarse ni utilizarse para justificar el abandono estatal. Tampoco puede convertirse en una excusa universal para explicar la violencia.
En agosto de 2026, el Gobierno informó, con base en la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central, que la proporción de jóvenes de 14 a 24 años que no estudiaban ni trabajaban pasó del 28.3 % en 2020 al 16.59 % en el primer trimestre de 2026. Aunque se trata de un indicador distinto de la delincuencia, refleja la importancia de ampliar las oportunidades educativas y laborales.
El país necesita más becas, formación técnica, empleos dignos, orientación psicológica, programas deportivos y oportunidades para la juventud. Necesita, además, un sistema educativo que no se limite a transmitir conocimientos, sino que forme ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos.
Pero ninguna política pública puede sustituir completamente la responsabilidad de una familia que renuncia a educar a sus hijos en valores, respeto y convivencia.
La familia constituye uno de los primeros espacios de formación de la conducta. Es allí donde los niños aprenden a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, a respetar a los demás y a comprender que cada decisión tiene consecuencias.
Por eso preocupa la normalización de comportamientos violentos, la exposición temprana de los menores a contenidos inadecuados y la promoción de modelos de éxito vinculados al dinero fácil, la ostentación y el poder obtenido mediante el miedo.
No todos los padres actúan de manera irresponsable, ni todo joven que delinque procede de un hogar desestructurado. Sería injusto generalizar. Sin embargo, cuando los adultos toleran conductas dañinas, encubren delitos o presentan la violencia como una forma legítima de resolver conflictos, contribuyen a deteriorar los valores que necesita una sociedad democrática.
La responsabilidad parental no significa controlar cada decisión de un hijo durante toda su vida. Significa acompañarlo, establecer límites, corregirlo a tiempo y enseñarle que la libertad no consiste en hacer cualquier cosa, sino en actuar respetando a los demás.
Un hogar que celebra la impunidad difícilmente puede exigir una sociedad que respete la justicia.
El Estado debe actuar, pero la sociedad también
La respuesta a la delincuencia no puede depender exclusivamente de los operativos policiales. Se necesita una justicia oportuna, investigaciones eficaces, prevención, oportunidades laborales y una educación que llegue especialmente a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.
También se requiere una Policía profesional, sometida a controles, capaz de enfrentar a los delincuentes y respetar los derechos fundamentales.
El Estado no puede permitir que grupos criminales controlen barrios, intimiden a los ciudadanos o impongan sus propias reglas. Pero tampoco puede sustituir los tribunales por ejecuciones extrajudiciales. La fortaleza de las instituciones se demuestra cuando son capaces de hacer cumplir la ley sin violarla.
La sociedad dominicana necesita recuperar la confianza en la justicia, pero también la convicción de que delinquir no es una hazaña, que la violencia no es un camino legítimo hacia el éxito y que ningún vínculo familiar convierte una conducta criminal en aceptable.
Amar a un hijo también significa corregirlo
A los padres que justifican las acciones delictivas de sus hijos hay que recordarles una verdad incómoda: defenderlos de todas las consecuencias no siempre es protegerlos. En ocasiones, es contribuir a que continúen por un camino que puede terminar destruyendo su propia vida y la de personas inocentes.
Ningún éxito económico, ninguna ostentación ni ningún beneficio obtenido mediante el delito puede compensar el daño que una persona causa a una sociedad que necesita vivir en paz.
La responsabilidad de los padres no consiste en garantizar que sus hijos nunca enfrenten dificultades, sino en formarlos para que sepan distinguir entre el camino correcto y el equivocado.
La República Dominicana necesita un Estado firme, una justicia independiente, una educación transformadora y familias comprometidas con la formación de ciudadanos responsables.
Porque el verdadero fracaso no es que un hijo nazca en un barrio pobre, que tenga dificultades económicas o que deba luchar más que otros para alcanzar sus sueños. El verdadero fracaso es renunciar a educarlo, justificar el daño que causa y olvidar que, detrás de cada víctima, también hay una familia que merece justicia.
La delincuencia no puede convertirse en una forma de vida ni la irresponsabilidad de los adultos en una excusa permanente. Educar, corregir y asumir responsabilidades también es defender el futuro de la República Dominicana.
Carlos Lara es periodista | Máster en Marketing Digital y Redes Sociales.
