La Redacción
Santo Domingo
El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Adolfo Pérez, se refirió al proceso mediante el cual empresas obtuvieron contratos por unos RD$110 millones para suplir el almuerzo escolar en centros educativos de San Pedro de Macorís, luego de los cuestionamientos publicados sobre la participación de compañías de reciente creación dirigidas por jóvenes de Azua.
Las empresas tienen pocos meses de constituidas y sus propietarios son jóvenes de entre 19 y 24 años que, según los cuestionamientos, no contarían con historial financiero.
Pérez explicó que el proceso de contratación estaba dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y que, bajo las condiciones establecidas en el pliego, no era necesario contar con experiencia previa para participar.
“Este es un proceso que promueve a los jóvenes a emprender”, sostuvo el funcionario, quien consideró que impedir la participación de empresas nuevas limitaría las oportunidades para quienes buscan iniciar negocios y contratar con el Estado.
Sobre la edad de los propietarios, Pérez afirmó que no existe una restricción legal que impida a una persona joven constituir una empresa o participar en procesos de contratación pública.
“La Ley de Compras no establece un mínimo de edad, ni tampoco la Constitución de la República, ni ninguna ley adjetiva establece eso”, señaló.
El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Adolfo Pérez, se refirió al proceso mediante el cual empresas obtuvieron contratos por unos RD$110 millones para suplir el almuerzo escolar en centros educativos de San Pedro de Macorís, luego de los cuestionamientos publicados sobre la participación de compañías de reciente creación dirigidas por jóvenes de Azua.
El requisito de solvencia
El director del INABIE indicó que, aunque el proceso no exigía experiencia previa, sí contemplaba mecanismos para acreditar la capacidad de los participantes para cumplir con los servicios contratados.
Entre estos mencionó una carta de crédito de compromiso, que podía ser bancaria o emitida por suplidores, como respaldo de que las empresas contaban con capacidad para entregar los alimentos requeridos.
“El monto de los contratos simplemente señala hasta dónde puede facturar un proveedor”, explicó.
Según detalló, los pagos se realizarán en función de las raciones que sean efectivamente entregadas, por lo que la adjudicación del contrato no implica que el proveedor reciba de inmediato el monto total contratado.
Los contratos tienen una duración de dos años, periodo durante el cual los proveedores deberán entregar diariamente el almuerzo escolar en los centros asignados, de acuerdo con las cantidades y condiciones de calidad establecidas.
Investiga la denuncia
Pérez aseguró que la institución está revisando los cuestionamientos y verificando que las empresas adjudicatarias cumplan con las condiciones establecidas en el proceso.
“Estamos revisando esas empresas, estamos garantizando que justamente esas empresas cumplan con todo lo que establece el pliego”, dijo.
El funcionario defendió además que la apertura de los procesos a nuevas empresas busca evitar que las contrataciones estatales permanezcan concentradas entre los mismos proveedores.
“Yo no puedo tener el INABIE cerrado para los proveedores de siempre”, sostuvo.
Pérez argumentó que las pequeñas empresas y los nuevos emprendedores deben tener la posibilidad de competir por contratos públicos, siempre que cumplan con las condiciones exigidas.
Sobre un supuesto cártel de contratación
Durante sus declaraciones, Pérez también fue cuestionado sobre la posibilidad de que exista un supuesto cártel en las contrataciones.
El funcionario afirmó que el INABIE ha recibido fuertes cuestionamientos luego de adoptar medidas para aumentar la participación de la industria local en algunos procesos y consideró que estos podrían provenir de sectores interesados en mantener su participación en los negocios con el Estado.
