Fabiola M. Herrera
Una boda nos permitió confirmar que en la República Dominicana no existe protección de los datos personales. La noticia parecía ser que una pareja “trans” había contraído matrimonio en República Dominicana. De inmediato surgió la pregunta en prensa y redes: ¿se había celebrado aquí un matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿es legal eso?
Entonces, la Junta Central Electoral decidió tomar cartas en el asunto y aclararlo. Y para hacerlo, genialmente, publicó los nombres registrados de los contrayentes y el sexo que figura en sus actas de nacimiento. No voy a repetirlos aquí. Justamente de eso se trata. La JCE nos demostró así que, jurídicamente, el matrimonio había sido celebrado entre un hombre y una mujer. Problema resuelto.
¿O…problema creado? Porque mi punto aquí no es la boda. El punto es por qué la institución que custodia nuestra identidad consideró necesario revelar públicamente información de personas particulares contenida en sus registros, para responder a una polémica en las redes sociales. La propia pareja afirma que no fue consultada ni autorizó esa divulgación y ha solicitado retirar la publicación.
Nuestra Constitución protege la intimidad y el control sobre nuestros datos personales. La JCE tenía que consultar esos registros para verificar la legalidad del matrimonio. Claro que sí. Pero tener acceso a un dato no significa tener derecho a publicarlo. Bastaba decir: “El matrimonio cumple con todos los requisitos constitucionales y legales”. Punto.
Y aquí volvemos a un tema sobre el cual llevo tiempo insistiendo. Tenemos una Ley 172-13 que se llama de Protección Integral de los Datos Personales pero que, en la práctica -y esto es vox populi- solo sirve para que los burós de crédito hagan dinero “legalmente” con nuestros datos.
Lo paradójico de esto es que tenemos una solución en las manos desde hace tiempo. La modificación de esa ley fue preparada por el Consejo Nacional de Ciberseguridad, consensuada con todos los sectores involucrados y se encuentra desde octubre de 2023 en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Esa propuesta llena importantes vacíos de la ley actual, nos coloca al nivel de las legislaciones más avanzadas sobre protección de datos y, fundamentalmente, crea la entidad especializada llamada a regular y fiscalizar el uso de los mismos. Que, obviamente, no es la JCE. Porque no se puede ser juez y parte.
Este caso debería acelerar su sometimiento y aprobación. La identidad digital de los millones de dominicanos debe ser protegida no solo frente a los hackers, las grandes empresas de tecnología o la inteligencia artificial. También necesitamos protección frente al propio Estado y demás entidades que, en teoría, custodian legalmente nuestros datos. Termino con esta idea: ser custodio de nuestra identidad no convierte a nadie en propietario de ella. Por eso cuando vemos que esos “custodios” deciden hacer públicos nuestros datos sin consentimiento, habría que preguntar: ¿Y quién custodia al custodio?.
