La Redacción
Santo Domingo
Dirigentes sindicales del país expresaron este martes su respaldo a la aplicación de la indexación salarial, un mecanismo que ajusta los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR) conforme a la inflación anual, tal como lo establece el Código Tributario, pero que no se aplica desde 2017.
El tema es debatido luego de que el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, exigiera al Gobierno liberar de impuestos los salarios hasta 52,000 pesos mensuales, que es el monto en que estaría la indexación salarial de cumplirse la ley.
Actualmente, el salario exento del ISR se mantiene en 34,685 pesos, a pesar de que la ley ordena su actualización automática cada año. De aplicarse la indexación, solo los sueldos por encima de RD$50,000 mensuales pagarían el impuesto y no desde los 34,685 como ocurre hoy.
El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río, insistió en que el Gobierno debe cumplir la ley.
“No es posible que a un trabajador que gana poco se le descuente. La ley está ahí y debe aplicarse”, expresó Del Río, quien consideró falso el argumento de que el Estado carece de recursos.
De su lado, Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), sostuvo que es deber del Estado garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores.
“El salario del trabajador, sea público o privado, se destina a cubrir necesidades básicas; no alcanza para ahorrar. Si el Gobierno fuera más inteligente, pondría ese dinerito en manos del trabajador en lugar de retenerlo”, manifestó.
Debate público
- Omar Fernández, senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, advirtió que la falta de indexación afecta a más de 300,000 trabajadores, quienes han perdido poder adquisitivo por la inflación.
Fernández recordó que la canasta básica promedio cuesta 46,716 pesos, y afirmó que la falta de actualización del ISR equivale a “quitarle una canasta básica completa al año a cada trabajador” en ese rango salarial.
Además, anunció que evalúa someter acciones legales para hacer cumplir el Código Tributario y depositó en el Congreso un proyecto de resolución que exhorta al Poder Ejecutivo a aplicar la disposición.
De su lado, el presidente Luis Abinader reconoció que la medida es justa, pero advirtió que su aplicación reduciría los ingresos fiscales, lo que obligaría a recortar fondos en áreas sociales sensibles.
Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, se mostró dispuesto a discutir el tema, aunque advirtió que cualquier decisión debe garantizar la estabilidad económica del país y garantizar los impuestos que se dejarían de percibir.
“No podemos asumir medidas puntuales que reduzcan los ingresos sin identificar cómo se compensarán”, señaló el funcionario
