La Redacción
Santo Domingo
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró este lunes que el sector de la construcción en República Dominicana está atravesando durante los últimos años un estado de crisis.
Para fundamentar esta aseveración, la organización política opositora utilizó el Registro de Oferta de Edificaciones realizado por la Organización Nacional de Estadísticas (ONE) del Gobierno.
Según los señalamientos realizados por el PLD, este informe evidencia como el 52% de las obras en el país «se encuentran paralizadas», mientras que «apenas» el 19.6% de las edificaciones están ejecución y solo el 24.1% culminada.
Dirigentes del PLD.
La secretaría de Obras Públicas de esa entidad política entiende que estos porcentajes son un indicador «alarmante», reflejando así la falta de «dinamismo en la inversión pública y privada».
«(Esto) evidencia un estancamiento en la actividad (económica) del sector que amenaza con revertir los avances logrados en las administraciones (del Gobierno) pasadas», expresó Milton Torres, vicesecretario de ese órgano político, durante una rueda de prensa desarrollada en la Casa Nacional.
El PLD, representado por esta Secretaría, lamentó que la reacción de la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader ante esta problemática sea responder con «indiferencia».
«Agravantes»
Los dirigentes expresaron que esta situación se agrava por un contexto macroeconómico marcado por factores adversos.
«Algunos permisos tardan entre ocho meses y un año, en comparación con los (máximo) 120 días que tomaban en años anteriores», afirmó Torres.
Además, mencionó el aumento de las tarifas de inspección aplicadas por el Ministerio de Vivienda, sin que esto representa una mejora proporcional en los servicios.
Propuestas
Para mejor el escenario que visualiza el PLD, los dirigentes presentaron diversas medidas para garantizar una solución «real».
Implementar incentivos fiscales y financieros que reduzcan los costos de construcción y faciliten el acceso a créditos.
Liberar una partida del encaje legal, de manera focalizada, para financiar viviendas de bajo costo, con tasas preferenciales y garantía de transparencia.
Aumentar la asignación presupuestaria para bonos de Vivienda, asegurando que más familias de clase media y trabajadora puedan adquirir su hogar.
Agilizar los procesos de permisos de construcción utilizando una «ventanilla única digital», reduciendo los plazos a un tope de 90 días.
Revisar el aumento desproporcionado de las tarifas de inspección impuestas por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
Crear un fondo especial de reactivación para obras paralizadas.
Establecer un mecanismo de supervisor ciudadanía para analizar la ejecución de las políticas públicas y garantizar la transparencia en el uso de los fondos.
«Llamamos al Gobierno a escuchar al sector productivo, a que abandone su indiferencia y actúe con responsabilidad, no hay tiempo para improvisaciones», concluyó diciendo Morillo.
