Agencias
Quito, Ecuador
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró que el informe aprobado este sábado por el Parlamento carece de sustento lógico, probatorio y jurídico.
«El informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico. No obstante, he dispuesto contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la Fiscalía de Ecuador para esclarecer cualquier duda», escribió Lasso en su cuenta de Twitter.
Un total de 104, de los 125 asambleístas presentes en la sesión aprobaron el informe, 18 votaron en contra y tres se abstuvieron en la sesión que tenía como tema exclusivo el debate del informe de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la corrupción en el caso denominado «Encuentro», también conocido como «El Gran Padrino».
La votación abrió paso para que un legislador presente la solicitud del juicio político de manera formal, para lo que requiere el respaldo de, al menos, 46 legisladores.
Lasso adjuntó a su mensaje en Twitter una carta dirigida a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
En ella señala que, una vez que la Asamblea aprobó el Informe el recomendando su enjuiciamiento político por una supuesta «comisión por omisión» de «delitos de ‘cohecho, peculado y concusión’ y que, entre las recomendaciones consta remitir el mismo a la Fiscalía, le solicita «que desarrolle todas las investigaciones pertinentes, con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita».
Consideró que la acusación de la Asamblea «se enfrenta a la imposibilidad lógica de probar un hecho falso, y a la imposibilidad jurídica de probar la autoría por omisión en delitos en los que tal figura no aplica».
Sin embargo, «más allá de lo insustancial e infundado de aquel documento, que contiene elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción en los que maliciosamente se pretende inmiscuirme, he dispuesto que toda la Función Ejecutiva conteste, con celeridad, todo pedido de información que usted requiera en torno a la investigación que a esos efectos decidiese abrir, y principal, pero no exclusivamente, respecto de cualquier actividad que hubiera podido desarrollar el economista Danilo Carrera», dijo.
Asamblea Nacional
El pasado miércoles, con seis votos a favor de la moción y uno en contra, la Comisión recomendó que el pleno del Parlamento interpele a Lasso por los supuestos actos de corrupción investigados.
Estos actos giran en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, que fue archivada.
La resolución se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, sobre la posibilidad de un juicio político al Presidente por delitos «contra la seguridad del Estado» o por «concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito».
Ese artículo también establece que, «para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo».
