La Redacción
Santo Domingo
La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, calificó este miércoles como un abuso que las clínicas privadas soliciten pago adelantado para atender personas en emergencia, así como que retengan pacientes y cadáveres que no hayan podido pagar la deuda acumulada en atenciones de salud.
Afirmó que estas prácticas violentan la dignidad humana, por lo que debe haber una ley que condene esta praxis.
“No tenemos una ley que pueda condenar una práctica que irrumpe en el tema de la dignidad humana y lo peor es cuando esta práctica viene del sector salud, porque no son una ni dos veces la que hemos visto como hay denuncias de personas que son retenidas en las clínicas porque han acumulado una deuda en la atención que tuvieron en un momento determinado. Se retienen a los pacientes, se retienen a los cadáveres y no pasa absolutamente nada”, expresó.
Destacó, durante su turno en la sesión senatorial, que la principal causa de mortalidad en el país son los accidentes de vehículos de motor y los accidentados que llegan a las emergencias, y para ser atendidos los afectos se les solicita un pago por adelantado.
“Nosotros sometimos hace unas semanas, aquí en el Congreso Nacional que ya está en la comisión de salud, precisamente un proyecto de ley para prohibir claramente el cobro adelantado por atención en emergencias, porque la principal causa de mortalidad en nuestro país son los accidentes de vehículos de motor y los accidentados que llegan a nuestras emergencias, a los cuales para ser atendidos se les solicita un pago por adelantado significa un abuso, porque no se puede negar el derecho a la atención de emergencia para estabilizar un paciente y salvarle la vida”, dijo Raful.
El referido proyecto de ley busca prohibir la retención de personas y cadáveres por concepto de deudas de atención.
También proponen la creación de un fondo que saldría del Presupuesto General de la Nación para el sistema de salud con la finalidad de que el Estado haga frente a los costos en que incurren las clínicas privadas cuando tienen que atender a un paciente.
Además, dispone sanciones penales para los infractores, no solo el cierre temporal de operaciones, sino también prisión.
