Luis García
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No solo por la cercanía en el tiempo, sino por el extraordinario impacto que tuvo el acontecimiento en la sociedad dominicana, aun martilla los cimientos de la institucionalidad democrática dominicana el colapso de las elecciones municipales que debieron celebrarse en febrero de 2020.
La repetición de un evento de esa naturaleza no debería producirse jamás en la República Dominicana, por lo que la organización de unas elecciones municipales, congresuales y presidenciales transparentes constituyen uno de los desafíos más importantes para el año 2024.
La Junta Central Electoral (JCE), responsable por mandato constitucional de organizar los comicios, tiene el mayor peso de garantizar que los resultados se correspondan con la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano. Esto implica resolver adecuadamente los escollos que se presenten, dejando claramente establecida su imparcialidad y capacidad; hay que evitar todo tipo de dudas a lo largo del proceso electoral.
Los partidos políticos, otros de los actores fundamentales, hacen cotidianamente requerimientos al órgano, jugando su rol en un Estado Social y Democrático de Derecho.
En ese contexto, los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo (FP), solicitaron investigar supuestas presiones ejercidas a funcionarios de sus organizaciones por parte del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que pasen a ser miembros de sus filas. Sin duda, la denuncia es de alto quilate, al margen de que tenga o no veracidad.
Lo más llamativo del planteamiento de los denunciantes consiste en que, para alcanzar los supuestos fines, se estaría utilizando dinero del erario.
Las autoridades electorales crearon una comisión para hacer las indagatorias correspondientes, integrada por el director de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos Políticos, Hilario Espiñeira; la directora de Partidos Políticos, Lenis García; el asistente especial del presidente de la JCE, Malaquías Contreras, y la inspectora III, Landia Sofía Molina Pérez.
Estos comisionados, a excepción de Espiñeira, que se desempeñó durante varios años como secretario general del órgano, resultan desconocidos para la opinión pública.
De entrada, parecería que no se ha dado la connotación que tiene la referida denuncia en un contexto en que el uso del dinero en la actividad política ha sido determinante en los resultados finales de determinados comicios. A ese nivel, se esperaba que, por lo menos, uno de los titulares estuviera bajo su cargo la coordinación.
Desde finales de la década de 1990, muchos ciudadanos han ganado cargos electivos gracias a la utilización de altas sumas de dinero en las campañas electorales; recursos cuya procedencia no siempre ha estado claramente establecida. Naturalmente, el encarecimiento de la actividad política no es nuevo ni constituye una exclusividad de la República Dominicana, sino que se ha venido verificando en la casi totalidad de las democracias latinoamericanas.
En agosto del 2003, una publicación del Centro Carter titulada “El financiamiento de la democracia en las américas”, daba la clarinada; posteriormente, en el 2011, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) hicieron otra publicación acerca del “Financiamiento de los partidos políticos en América Latina”, en el que reconocían la necesidad de reformas electorales en ese sentido.
La JCE debe generar confianza en la población acerca de la diafanidad de los comicios. Y desde ya, sofocar pequeñas hogueras en un ambiente político que luce propenso a arder con cualquier chispa.
