La Redacción
Santo Domingo
El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez solicita a la Cámara de Diputados que interpele a las actuales autoridades de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) respecto a la supuesta pérdida millonaria por la paralización de las obras relativas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
Los juristas sugieren que la procuradora general Miriam Germán Brito continúe con la puesta en funcionamiento de los recintos penitenciarios La Nueva Victoria, San Juan de la Maguana y otras en proceso de construcción, «dejando a un lado rencillas personales y sobreponiendo el interés colectivo bajo el principio de continuidad de Estado y sentido humano».
«Así se podría evitar que se pierdan ocho mil millones de pesos del dinero del pueblo dominicano», manifiestan.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez guarda prisión preventiva por presunto acto de corrupción durante su gestión como procurador general de la República.
Su defensa sostiene, además, que Germán ratificó de forma expresa dichos contratos y atribuciones que le confiere el cargo, decidió otorgarles más tiempo a los contratistas exonerándoles las penalidades por retraso en la entrega ocasionadas por la pandemia y que además, elevó los montos de los cinco contratos del recinto de la Nueva Victoria en más de 220 millones no contemplados en los contratos iniciales.
De acuerdo con los abogados, si se detienen las obras de forma arbitraria y contraria a las órdenes contractuales de Germán, se correría el riesgo de pérdidas de garantías de las obras y de equipos por cientos de millones que llevarán a la destrucción dolosa e intencional de más de 8,000 millones de pesos.
Sostienen que no es necesario ni se contempla legalmente detener las obras para que la Cámara de Cuentas pueda auditarlas, sino para que se revise minuciosamente, más aún cuando los fondos para saldar dichos compromisos estaban reservados.
El Ministerio Público afirma que el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que implementó el exprocurador Rodríguez es una “estafa al Estado”. Cita que, por ejemplo el complejo en el que se construyó la Nueva Victoria y en el que se invirtió casi RD$7,000 millones, no se ha trasladado ni un solo recluso al lugar porque forma parte de una serie de cárceles que se construyeron sin las condiciones más mínimas para ingresar a un ciudadano.
Asegura, además, de que la cárcel se levantó en un terreno “pantanoso”. La obra es sometida actualmente a una auditoría por parte de la Cámara de Cuentas.
