Luis García
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La sociedad dominicana se ha visto enfrentada en las últimas semanas con el debate suscitado en torno a la discusión congresual del contrato de fideicomiso de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, cuyas dos unidades tienen un potencial de aporte de 674 megavatios netos al sistema energético nacional.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa, asumiéndola como el camino correcto que hay que seguir con el bien público, la oposición política y otros sectores de la sociedad se oponen a que el Senado de la República ratifique el contrato, siguiendo los pasos de la Cámara de Diputados. Incluso, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le ha solicitado públicamente al Poder Ejecutivo que la retire, al considerarla lesiva a los intereses de la nación.
En la parte formal, entre otras cuestiones, el contrato de Fideicomiso Público de Punta Catalina contempla traspasar de forma irrevocable, por un plazo de 30 años, los bienes y derechos a la Fiduciaria Banreservas, de naturaleza estatal. Además, el Estado le transferirá RD$100 millones y US$1 millón al Comité Técnico de cinco personas que designará el presidente de la República, y que estará encabezado por el empresario Celso Marranzini.
Al margen de quién tenga la razón en el debate, lo verdaderamente importante a observar es el valor estratégico de Punta Catalina. Cualquier decisión que no tome en cuenta, en su justa dimensión esta arista, estará actuando contrario a los intereses legítimos del pueblo dominicano.
Esta obra figura dentro de las cinco de mayor relevancia para la República Dominicana en su propósito de viabilizar la Estrategia Nacional de Desarrollo con miras al año 2030, y que cita como una de las trabas a las deficiencias que, históricamente, ha caracterizado el sistema energético.
Indudablemente que para lograr la mejora del servicio eléctrico es necesario superar una serie de desafíos: las altas pérdidas de energía, el incompleto abastecimiento, el déficit financiero, la demanda creciente y la alta dependencia de derivados del petróleo. Y en ese contexto, los aportes de la referida termoeléctrica resultan incalculables.
El proyecto ideado por el expresidente Danilo Medina recibió, en su momento, fuertes críticas de parte de diferentes sectores de incidencia nacional, entre ellos dirigentes del hoy gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM). La realidad ha dado la razón a las autoridades pasadas, a partir del aporte que hace para garantizar la sostenibilidad energética.
El tercer eje estratégico de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo postula por una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que pueda crear y descentralizar la riqueza, genere crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno.
Y en el contexto anterior, establece el objetivo general de contar con una energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
En virtud de que la sostenibilidad energética representa una cuestión de interés general, todo lo relativo a ese sector debe manejarse de manera transparente, sobre todo en este caso, que se trata de un bien que ha costado a los contribuyentes más de US$2,400 millones.
Los senadores no deben actuar con la irresponsabilidad con que lo hizo la Cámara de Diputados al momento de conocer el referido contrato de fideicomiso, una parte de cuyos miembros confesó que ni siquiera leyó el documento.
El Senado habrá de entender que lo primero que hay que observar es el valor estratégico de Punta Catalina para el país.
