La Redacción
Santo Domingo
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó este martes a los responsables del sistema penitenciario a dar con los responsables de introducir las armas de fuego en la cárcel La Victoria, donde hace días se produjo un motín que dejó tres reclusos muertos y 10 heridos.
La magistrada le mostró su interés para que se determine la forma en qué fueron introducidas las armas de fuego al interior del penal, indica una nota de prensa emitida por la Procuraduría General de la República.
“La magistrada Germán Brito, que da seguimiento de cerca a este hecho, nos reiteró su instrucción para que una investigación determine, de manera oportuna, la forma en que los internos de La Victoria pudieron acceder a las armas de fuego”, explicó el responsable de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), según indica una nota de prensa.
Germán Brito ha sostenido reuniones de trabajo con Hernández Basilio e Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora de los Centros de Corrección y Rehabilitación.
Según el comunicado de la Procuraduría, la magistrada lamentó la situación de dolor por la que atraviesan los familiares de los muertos y de los heridos. Al mismo tiempo, recordó que, para ser superadas las problemáticas que acumulan los recintos carcelarios durante décadas, requieren de la voluntad de toda la sociedad dominicana, así como de los recursos necesarios, dijo Hernández Basilio.
Cinco de los heridos recibieron impactos de bala, igual que los tres fallecidos. Nueve de los afectados fueron dados de alta desde los tres hospitales donde fueron atendidos y uno continúa en observación. Todos en condición estable.
La nota de prensa indica que luego de ocurridos los hechos, las autoridades penitenciarias, acompañadas de tres fiscales y miembros de la Policía Nacional, realizaron requisas simultáneas en las celdas 1 y 2, 3 y 4 y ocuparon 23 teléfonos celulares, tres routers para internet y 85 armas blancas de fabricación carcelaria e industrial, así como un total de 119,000 pesos y 21 dólares a seis de los internos del área.
“Debemos reconocer que estos males en La Victoria tienen mucho que ver con un sistema que históricamente ha tenido deficiencias estructurales y estamos hablando de un recinto que ahora tiene una población de más de 7,000 privados de libertad”, dijo Hernández Basilio.
“Hace un tiempo el Estado inició la construcción de un recinto en Las Parras, en el municipio Guerra, de la provincia Santo Domingo, pero ese proyecto, como todos sabemos, forma parte de un expediente del Ministerio Público y está en proceso de una auditoría por la Cámara de Cuentas”, añadió.
Adelantó que la Procuraduría General de la República ha dispuesto una serie de medidas para aplicación inmediata que buscan adecentar el sistema penitenciario.
El titular de la DGSPC comunicó a la procuradora general que un privado de libertad, que asumió la mayor responsabilidad en la trifulca, será trasladado a otro centro, al tiempo que continúan las pesquisas sobre el hecho violento que comprometió la integridad de los internos y de los custodias.
