La Redacción
Santiago
Un parque vehicular deficiente por desperfectos mecánicos de gran parte de sus vehículos, poco personal y sin sede son las condiciones en las que opera la Policía Nacional en la ciudad de Santiago.
La Dirección Regional Cibao Central de la uniformada está alojada en un campamento ubicado en las instalaciones del antiguo aeropuerto en la avenida Bartolomé Colón, donde fueron instalados de manera “provisional” en el año 2015, cuando fueron desalojados de los terrenos donde hoy funciona el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, conocido también como 9-1-1.
A eso se le suma que más de 20 vehículos de la institución están dañados en talleres de mecánicos, lo que dificulta realizar las labores de vigilancia.
“Nosotros fuimos recientemente a la base y constatamos que ahí lo que tienen es un montón de chatarras para el patrullaje”, externó Angelita Villamán, de la federación de juntas de Vecinos de la zona sur de Santiago.
A su juicio, en esas condiciones no hay forma de que las autoridades puedan enfrentar los hechos delictivos.
“Nosotros como sociedad queremos que las cosas cambien. Para eso se requiere que la Policía sea dotada de equipos y nuevos vehículos”, señaló.
También dijo que la uniformada necesita más personal para poder enfrentar la delincuencia. Aseguró que en los destacamentos de la zona sur nunca cuentan con agentes policiales para asistir las eventualidades, entre las que destacó los asaltos y las denuncias por contaminación sónica en horas de la madrugada durante los fines de semana.
La activista social asegura que de esa situación tiene conocimiento el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, quien ha dirigido la plaza de Santiago en cuatro ocasiones.
Angelita Villamán se mostró confiada de que el jefe policial atenderá esas y otras necesidades que tiene la ciudad Corazón.
Ricardo Fondeur, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (Cedes), sostiene que para darle respuesta al fenómeno de la inseguridad ciudadana se requiere de un trabajo en conjunto entre la sociedad y las autoridades.
“Nosotros, la población, tenemos que trabajar unidos con todas las entidades de seguridad del Estado para buscar soluciones”, manifestó Fondeur.
Afirma que lo planteado por el Ministerio de Interior y Policías sobre la implementación del sistema de vigilancia policial por cuadrantes, cuya técnica de patrullaje consiste en perseguir el delito en zonas específicas, es una medida
“Tenemos que darle apoyo a esas y otras soluciones que quieran buscar para continuar trabajando para mejorar la seguridad”, expresó.
El dirigente empresarial dijo esperar que sea agilizado el proceso de reforma policial. Entiende que el país necesita una institución armada que sea educada. De igual manera, externó la necesidad de mejorar los salarios y sus condiciones de vida.
Ricardo Fondeur agregó que también hay que trabajar el sistema de justicia, el cual dice es muy benévolo con los delincuentes.
Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (Apedi), planteó que todo lo que contribuya a darle respuesta efectiva al problema de la seguridad ciudadana hay que darle la bienvenida.
Recordó a las autoridades que la seguridad es un componente importante del desarrollo de un pueblo.
Santiago ocupa el lugar 1 entre los municipios de la República Dominicana en las incidencias contra la vida, el 2 en las incidencias con la integridad, el 3 en las amenazas a la propiedad y el 4 en factores de riesgos y vulnerabilidades, según el estudio del IPT, que constituye una herramienta de gestión de información para el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Ese diagnóstico establece que la victimización por asaltos en general en esa ciudad supera el porcentaje a nivel nacional, las personas reportan sentirse poco seguros de caminar por su área.
Un total de 372 personas han muerto de manera violenta en la provincia de Santiago desde el año 2018 hasta la fecha, según el estudio. El 36% de los homicidios estuvieron relacionados directamente con asaltos, robos, despojo y drogas. Este porcentaje es mayor que a nivel nacional (29.4%).
