POR: *BETZAIDA E. YMAYA
“El bien común es el fin último que justifica la existencia del Estado”. Con esta cita del texto El desafío de profesionalizar la función pública en América Latina de Mercedes Ia Coviello- Sebastián Essaya, quiero llamar la atención a una sociedad que es merecedora de los mejores ideales.
No pretendo que las cosas en la administración pública cambien como si se tratase de tener una varita mágica en nuestras manos, ni que las problemáticas sociales desaparezcan sin mayores esfuerzos. Desde mi rol como educadora tengo la responsabilidad de aportar a la sociedad, por ser esta merecedora de buenas prácticas a cargo del aparato organizativo del Estado y que junto al capital humano recae toda la responsabilidad de gerenciar la satisfacción del llamado bien común de todos sus ciudadanos.
En ese sentido, las acciones acompañadas de buenas prácticas, desde este conjunto de instituciones en la administración pública son fundamentales, para dar respuestas asertivas al llamado bien común, como causa final de la organización jurídica y política de la sociedad dominicana.
Quiroga, F., Ibarzábal, M., Abbondanza, B. (2015) apuntan en el documento lo siguiente:
“El bien común como fundamento de la responsabilidad del Estado, que de acuerdo a la filosofía expuesta por Aristóteles y desarrollada e interpretada desde una perspectiva cristiana por Santo Tomás, el Estado es una institución necesaria que deriva de la naturaleza social del hombre, y cuya finalidad no es sino alcanzar el bien común. El gobernante es el primer principal responsable en la gestión del bien común político, que, como señala el Aquinate, tiene tres capítulos fundamentales: instituir a la multitud en la unidad de la paz, inducirla a la práctica de la vida virtuosa y alcanzar la suficiencia de bienes materiales. Es así que es el Estado el que facilita la vida en sociedad, permitiendo la realización del bien común.
De acuerdo a esta filosofía, el Estado no tiene un fin para sí, sino para los individuos que lo componen. “La persona no aparece en esta visión como un ‘instrumento al servicio del Estado, sino que éste se presenta ante la comunidad como una organización a su servicio. Tal servicialidad es la que, al mismo tiempo, determina que el Estado […] [sea] uno de los gerentes del bien común, [y] deba velar por su logro […]”.
Sociedades como las nuestras, se han sumado a experiencias de otros países de la región para reclamar un Estado dotado de calidad, una administración pública eficiente y una función pública o servicio civil con las capacidades necesarias y suficientes que permitan lograr la famosa eficiencia y que brinde más y mejores bienes y servicios públicos para hacer frente a los nuevos y viejos desafíos.
La reforma constitucional del año 2010, marcó las pautas de un nuevo régimen en la administración pública, al ser uno de los mejores aciertos que desde el Estado se ha concretizado, a fin de reafirmar la necesidad de reforzar el aparato organizativo institucional como sistema democrático, y no para satisfacción de intereses particulares o de alianzas partidistas.
Es un reto que obliga a todos los ciudadanos a reflexionar sobre la impronta que debe de jugar en su papel activo al empoderarse, y reclamar lo que por derecho natural les pertenece.
Exigir de los gobiernos más y mejores bienes y servicios, que respondan a buenas prácticas y que se fundamente en el respeto a la dignidad humana, al frenar e invocar resarcir cualquier arbitrariedad o cualquier inobservancia legal, producto de los atropellos, clientelismo, personalismo, maltratos, abuso de poder político, desde las esferas de la administración pública que impidan el desarrollo nacional.
Las problemáticas que se generan desde el Estado dominicano, no se resuelve con la indiferencia de la población, y bajo las creencias que este sistema de organización de la administración pública, orientado a satisfacer en condiciones de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, publicidad, coordinación y eficiencia el interés general, es de única responsabilidad del Estado; no también juegan un papel preponderante al sumarse los ciudadanos identificados con sus luchas sociales, y el sector privado.
Muchos esfuerzos, producidos desde diversos ámbitos de la sociedad dominicana, se han materializado para lograr en gran parte reformas y procesos de modernización, para el funcionamiento del Estado y la administración pública, con el interés de garantizar el bien común, construir un Estado fuerte y a su vez una administración pública también fuerte. Pero esa fortaleza se sustenta, en buena medida, en el talento o capital humano.
Uno de los instrumentos legales que surge para sumarse a los procesos de modernización es la ley 41-08 de Función Pública, pese a que entró en vigencia dos años antes de la reforma constitucional 2010, aun así, el legislador se orientó para mantener su vigencia; la cual dejó sin efecto la antigua ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que en su momento histórico logró su cometido, pero se necesitó adaptar una herramienta que superase las deficiencias que impedían fortalecer la estabilidad de la burocracia administrativa de la República Dominicana.
La actual Ley 41-08 de Función Pública, vino a transformar viejas prácticas, a fin de garantizar el fortalecimiento de la función pública a través de procesos orientados hacia la profesionalización y la meritocracia para una gestión eficiente y cumplimiento de funciones esenciales de los servicios públicos, al establecer un sistema de selección para el ingreso, acceso, evaluación de desempeño, permanencia y separación del servicio público de sus funcionarios.
En efecto, la profesionalización de la función pública es un hecho fundamental, vista desde una burocracia entendida desde sus diversas acepciones, como un aparato organizativo, un grupo de funcionarios, un sistema de empleo, una institución central o general en el efectivo funcionamiento del sistema democrático y de la vigencia del Estado de Derecho.
La transformación real en la administración pública dependerá del compromiso, empoderamiento, formación y conductas que adopte el talento humano, a partir de buenas prácticas del buen obrar que es el derecho por ley natural de la sociedad a la que sirven.
La función pública es un régimen de derecho que no pude crear confusión, dado que su único fin es ser un instrumento que fortalezca el aparato organizativo del Estado, quien tiene la facultad de regularizar los servicios públicos, cuya finalidad están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo.
En conclusión, el bien común se personifica en el núcleo por excelencia que es la familia. Desde allí cada una ha de aspirar a los mejores ideales, como parte de la sociedad de la República Dominicana, siendo una gran parte el capital humano que, de generación en generación viene a ocupar cargos de importancia desde el sistema de empleo de la administración pública.
Todos los individuos que conforman la sociedad son sujeto, objeto y fin último del Estado, este último llamado a ofrecer servicios que beneficien a toda la sociedad en condiciones iguales en cuanto a protección, trato de las instituciones, autoridades y demás personas que gocen de los derechos, libertades y oportunidades, sin ningún tipo de discriminación, género, lengua, opinión política o filosofía, discapacidad y vínculos familiares.
En tanto, el Estado debe de promover condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real, efectiva y adoptar medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión en toda la esfera de la administración pública.
Además, los gobernantes están llamados a frenar normas, leyes, decretos, resoluciones, reglamentos o acto que vulneren el bien común, a partir del análisis del principio de razonabilidad y discriminar entre las acciones a ejecutar, cuáles son las que conducirán al fin legítimo, medio, y relacionar el fin y medio para determinar las necesidades y proporcionalidad de inclinar la balanza hacia lo que más se aproxima al fin, sin que el medio que elijan desde su posición de poder político frustre dicho fin.
En este sentido, las tomas de decisiones que se ejecutan desde el Estado, siempre deben de ir acompañadas de medios eficaces y razonables sobre aquellas ventajas que deben de compensar o justificar cualquier sacrificio de los individuos dentro de una sociedad merecedora de los mejores ideales de bienestar.
La autora es: *Abogada, Docente, Gestora Cultural, Experta en Administración Pública, Políticas Públicas, Master en Derecho Civil, Procesal civil y Especialidad en Administración de los Servicios Culturales y Propiedad Intelectual.
Excelente, estoy deacuerdo