Luis García
Santo Domingo
El Tribunal Constitucional conoció hoy dos acciones directas de inconstitucionalidad, que procuran la nulidad de dos decretos emitidos por el presidente Luis Abinader Corona.
Una de las acciones fue interpuesta por el abogado Ruddys Antonio Mejía Tineo, en contra del decreto 297-21, del 30 de abril del 2021, que concede la naturalización ordinaria a 50 haitianos nacidos en la República Dominicana.
La naturalización fue otorgada en aplicación de la Ley 169-14, del 24 de mayo de 2014, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano.
La otra acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y el abogado Trajano Vidal Potentini, en contra del decreto número 342-20, del 16 de agosto de 2020, que declara de alto interés nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales y que transfiere las funciones de esa entidad al Ministerio de Energía y Minas.
En ambos casos, el Poder Ejecutivo y la Procuraduría General de la República pidieron que las acciones sean declaradas inadmisibles. En la acción contra el decreto 342-20 participó como interviniente voluntario el Ministerio de Energía y Minas, que también solicitó la declaratoria de inadmisibilidad de la instancia.
Al final de la audiencia, el presidente del TC aprovechó para ponderar las cualidades del secretario del tribunal, Julio José Rojas Báez, quien presentó su renuncia después de ejercer las funciones por más de 9 años. Ray Guevara destacó la lealtad, honradez y probidad con que el abogado Rojas Báez desempeñó sus funciones.
