Luis García
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El asesinato del presidente Jovenel Moïse ha agravado la situación de inestabilidad social y política que vive Haití, lo que obliga a la alerta máxima en República Dominicana en torno a la necesidad de cuidar celosamente la frontera común del territorio que comparten en la isla La Española.
El país no está en condiciones de manejar una estampida de pobladores que ingresen masivamente al territorio ante un eventual caos generalizado en la nación independizada por Toussaint Louverture, en 1801, sobre todo en medio de la comprobada desatención de la comunidad internacional.
El mejor camino que tienen las autoridades dominicanas es la prevención a través de un estricto resguardo de la franja fronteriza, evitando un éxodo masivo hacia la parte Este de la isla. En los 391 kilómetros de frontera, República Dominicana tiene cuatro cruces formales y otros 14 puntos informales; siendo los principales problemas los sistemáticos episodios de inestabilidad política y social en territorio haitiano, la inmigración ilegal de indocumentados por cuenta propia y el tráfico de personas mediante redes organizadas.
Este panorama representa una amenaza constante a los dominicanos en los ámbitos de la seguridad pública y sanitaria.
Nuestro país, por diversas razones, constituye, en términos geopolíticos, un Estado débil; cuya incidencia en el escenario mundial no es significativa. No obstante, jamás podríamos contar con un Poder Nacional fuerte si no establecemos claramente lo que queremos y aspiramos, actuando en una misma dirección con el firme propósito de alcanzar los objetivos estratégicos deseados.
Las fronteras, especialmente las terrestres, constituyen espacios vitales para los Estados, por lo que la nuestra no debe ser la excepción. Pero, inexplicablemente, históricamente no ha existido una política coherente respecto a nuestros vecinos, con quienes compartimos el mismo territorio. El momento de actuar ha llegado; no hacer nada en la actual coyuntura podría ser peligroso para nuestro futuro como nación.
La desatención a necesidades puntuales, la falta de oportunidades y la persistencia de altos niveles de pobreza en la mayoría de los pueblos que conforman las provincias Monte Cristy, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales han traído como consecuencia que muchos de sus habitantes hayan tenido que emigrar de manera forzosa, procurando mejores condiciones de vida.
Una buena decisión sería que la administración que encabeza el presidente Luis Abinader ponga su mirada en la referida zona, poniendo en marcha acciones puntuales para satisfacer las necesidades básicas de los pobladores. La idea es cómo viabilizar proyectos productivos que les generen interés para permanecer en sus lares nativos.
En la mayoría de los países con fronteras terrestres y poblaciones carenciadas, la lucha contra la pobreza es el resultado de la combinación de políticas y actuaciones muy diversas, entre ellas la promoción de proyectos productivos y el fomento de la educación, la sanidad o los servicios sociales.
En una ocasión el héroe restaurador Gregorio Luperón planteó: “La defensa del territorio y las instituciones constituyen el primer deber de todo ciudadano en una república, y no sería justo, ni puedo concebir, que esta contribución de sangre que todos deben a la Patria pesará solamente sobre un grupo de la colectividad, consagrando así el principio de la desigualdad en materia de deberes y obligaciones”.
Lo cierto es que ante la situación de inestabilidad que vive Haití, la prioridad de la República Dominicana es vigilar celosamente su frontera.
