Agencias
Nueva York, Estados Unidos
Un tribunal de Nueva York ha anunciado este jueves la suspensión de Rudy Giuliani, el otrora abogado de Donald Trump, para ejercer la abogacía en ese estado por las «comprobables declaraciones falsas y engañosas» que lanzó públicamente para defender el fraude electoral que por entonces su cliente denunciaba tras ser derrotado en las presidenciales estadounidenses de noviembre pasado.
«Llegamos a la conclusión de que existen evidencias indiscutibles de que el demandado expresó declaraciones demostrablemente falsas y engañosas a los tribunales, los legisladores y al público en general en su calidad de abogado del expresidente Donald Trump durante su frustrado intento por ser reelegido en 2020», señala el fallo.
La conducta de Giuliani, explica el escrito, supone una «inmediata amenaza para el interés público», por lo que se «justifica sus suspensión provisional para el ejercicio de la abogacía». Las declaraciones «falsas» se llevaron a cabo «para reforzar de manera indebida la narrativa» de que el fraude electoral provocó que la victoria de las presidenciales le fuera robada a su cliente», Donald Trump.
Esta suspensión, de momento provisional a la espera de audiencia disciplinaria formal, entra en vigor de inmediato y supone un duro golpe para quien fue alcalde de la ciudad de Nueva York, además de un alto funcionario del Departamento de Justicia y fiscal federal de Manhattan.
Por su parte, la defensa de Giuliani ha emitido un comunicado en el que muestra su «decepción» con esta decisión, tomada «antes de que se le conceda una audiencia sobre estos asuntos» y que «no tiene precedentes». Defienden que su cliente «no representa ningún peligro» y están seguros de que «una vez que los temas se exploren por completo (…) será reintegrado como un miembro valioso de la profesión», cuenta la CNBC.
Por otra lado, Guiliani, junto a Sidney Powell, una de las abogadas del equipo legal de Trump, así como el director ejecutivo de la empresa de almohadas MyPillow, Mike Lindell, se enfrentan a una demanda por difamación por valor de 1.300 millones de dólares presentada por Dominion Voting Systems, la principal empresa de votación encargada de las elecciones de noviembre y objeto de los ataques de Trump y su acólitos.
