Angel Luis García
El viernes pasado, los usuarios de las redes se vieron sorprendidos con la noticia del que el principal proveedor de internet (ISP), por sus siglas en inglés (Internet Service Provider), la empresa Claro RD, en la que se anunciaban cambios en su política en el servicio fijo para hogares y negocios pequeños. De manera concreta, el anuncio en su página web, consistía en informar acerca de una drástica medida de limitar a solo 200 GB el consumo de internet total durante un mes.
Esa medida, como era de esperarse, desencadenó una lluvia de críticas en las redes sociales contra el gigante latinoamericano de las comunicaciones. Al verse presionada por los usuarios, la compañía aclaró que era de 2000 GB el límite de consumo.
Lo anterior sigue siendo una grave limitante, porque sería insuficiente para una familia de cuatro personas, donde el consumo de streaming, tanto de estudio y como de ocio, ha ido en aumento.
Les pongo un ejemplo, el que una película en calidad estándar, de dos horas, consume de 1.1 a 2.4 GB; supongamos esto multiplicado por 4 en un día y asumiendo que suceda 15 días al mes, equivaldría a un consumo de 144 GB solo en este renglón, sin contar los estudios, el teletrabajo, las reuniones virtuales, los drives de almacenamiento en la nube, los videos en las redes sociales y los juegos.
Desde nuestro punto de vista, resulta un abuso y absurdo de esta compañía tome esas medidas, valiéndose de los contratos firmados unilaterales en contra de los clientes. Tecnológicamente sería descabellado implementar estas medidas, debido a que Claro, por su característica regional, es un proveedor de internet nivel 2 y nivel 3, que forma parte de la Red Global de Internet.
Indudablemente que se trata de un absurdo, desde desde la óptica técnica, que lo único que procura es la obtención de ganancias económicas en contra los maltratados presupuestos de las familias dominicanas. Los servicios como YouTube Premium, Spotify, Netflix y Microsoft, entre otros, están siendo parte del negocio, por sus servicios prestado.
Todo esto nos conduce a penar que Claro incurre en un abuso contra el usuario final, porque en ningún sentido se justica una decisión de esa naturaleza en perjuicio del pueblo dominicano.
Por ello hacemos un llamado al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), y a su presidente, Nelson Arroyo, a que asuman el rol de regular, y defiendan a los dominicanos.
El referido funcionario debe ponerse los pantalones y asumir la responsabilidad de defensa de los intereses nacionales, y jamás de los de empresas extrajeras que abusan de la población dominicana.
