Agencias
Washington, Estados Unidos
El proyecto del muro fronterizo impulsado por el expresidente Donald Trump podría perder gran parte de su financiamiento, así como el estatus prioritario que le permitió eludir regulaciones ambientales, según un plan del gobierno de Joe Biden anunciado el viernes.
Biden suspendió la construcción del muro cuando asumió la presidencia mientras su gobierno revisaba el proyecto. Eso molestó a republicanos en el Congreso que deseaban que continuara en un momento en que aumentaban las detenciones de migrantes a lo largo de la frontera sur.
El nuevo plan no cancela del todo el proyecto del muro, pero probablemente se encuentre con oposición en el Congreso, en donde muchos republicanos están ansiosos por promover un proyecto que está estrechamente relacionado con el expresidente.
Biden planea devolver más de 2.000 millones de dólares que el gobierno de Trump tomó del Pentágono usarlos en la construcción del muro, y usar también otros fondos asignados por el Congreso para atender “problemas urgentes de vida, seguridad y ambientales” creados por el proyecto fronterizo. También pide a legisladores no proporcionar fondos adicionales para lo que el equipo de Biden cree que es un esfuerzo innecesario.
“Construir un enorme muro que abarque toda la frontera sur y le cueste miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses no es una solución seria ni un uso responsable de fondos federales”, dijo la Oficina de Administración y Presupuesto en un comunicado que describe el plan.
Durante décadas, el gobierno ha construido muros y otras barreras a lo largo de los 3.200 kilómetros (2.000 millas) de la frontera entre México y Estados Unidos para eliminar algunas de las rutas más fáciles con las que los migrantes evitan puntos de revisión. Trump convirtió el tema en pieza central de su identidad política.
Trump prometió construir un muro “prácticamente impenetrable” e insistió en que México lo pagaría, algo que nunca sucedió. En lugar de eso, su gobierno asignó unos 15.000 millones de dólares mediante una combinación de partidas presupuestales aprobadas por el Congreso y de fondos del Pentágono y otras partes del gobierno.
El gobierno de Trump construyó aproximadamente 725 kilómetros (450 millas) de muro rápidamente gracias a que dispensó requisitos como revisiones ambientales y mediación, aunque sólo unos 84 kilómetros (52 millas) fueron en áreas en donde no existían barreras previas.
La decisión de Biden de suspender la construcción provocó que senadores republicanos le pidieran a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno investigar si el gobierno infringía la ley federal al no usar dinero asignado para su objetivo previsto.
El gobierno dijo el viernes que usará fondos ya reservados por el Congreso para “su objetivo asignado, como lo requiere la ley”, pero no pide nuevos fondos para la construcción del muro en el presupuesto del 2022 del Departamento de Seguridad Nacional.
En lugar de eso, Biden busca fondos para aumentar el uso de tecnología en los puertos de entrada y otras partes, argumentando que hay formas más eficientes de detener la inmigración ilegal y el tráfico de drogas en la frontera.
El gobierno dijo que regresaría 2.000 millones de dólares tomados del Pentágono y lo usaría para proyectos de construcción, la intención original del dinero. Eso incluye 79 millones de dólares para una escuela primaria para hijos de miembros del ejército estadounidenses en Alemania; 25 millones de dólares para una estación de bomberos y rescate en la Base de la Fuerza Aérea Tyndall en Florida; y 10 millones de dólares para expandir las defensas contra misiles balísticos norcoreanos en Fort Greely, Alaska.
Planea usar aproximadamente 1,9 millones de dólares restantes asignados por el Congreso para el muro para drenaje y control de erosión, u otros problemas ambientales causados por la construcción del muro en Rio Grande Valley, Texas, y otras partes.
El gobierno no dice explícitamente que no construirá un nuevo muro. Pero asevera que cualquier construcción nueva será sujeta a revisión ambiental y que analizará los actuales intentos para expropiar terrenos de sus propietarios y que regresará parcelas a los propietarios si el Departamento de Seguridad Nacional determina que no son necesarias.
