La Redacción
Santo Domingo
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico en contra de una de las imputadas en el entramado fraudulento, que estafó a más de 280 personas con la promesa del cobro de una supuesta herencia de la familia Rosario.
El magistrado Pablo Imbert, al rechazar la solicitud de prisión preventiva en contra de Miguelina Gómez Santana, quien alegó en el tribunal que padece de cáncer, impuso además el pago de una garantía económica de 10 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
En la audiencia, el fiscal Deny Silvestre había pedido al tribunal dictar prisión preventiva en contra de la imputada alegando de que no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a estos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.
Luego de la decisión del tribunal, el fiscal adjunto dijo esperar la notificación del dispositivo de la resolución para determinar si recurre en apelación.
En torno al caso también figura el principal Johnny Portorreal Reyes, Hilario Amparo y Miguel de Oleo Montero, alias Miguelón (prófugos), quienes se encuentran prófugos.
Al grupo se le acusa de acercarse a las víctimas requiriéndoles el pago de diferentes sumas de dinero, con la finalidad de incluirlas en el proceso de cobro de una supuesta herencia dejada por Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos), presuntamente reclamada en España y Suiza, en violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-2017, sobre Lavado de Activos.
Conforme con la instancia firmada por la fiscal a cargo de la investigación del departamento de Investigación de Falsificaciones, Evelyn García, para la comisión del hecho los imputados captaba clientes y supuestos herederos de la familia Rosario, afirmando tener números de cuentas en las cuales se depositarán los montos resultantes de la distribución de la herencia.
De acuerdo a la pesquisa los imputados habrían expresado a las más de 280 víctimas que el dinero había sido transferido al Banco Central de la República Dominicana y posteriormente trasladado al Banco de Reservas, desde las entidades financieras Santander de España y Banco Zurich de Suiza, para cuyos trámites internos les requirieron la entrega de diferentes montos de dinero.
La solicitud de prisión preventiva se hace en virtud de que Miguelina Gómez Santana tenía pleno conocimiento de las actividades a las que se dedicaban, lo cual constituye una violación expresa al ordenamiento jurídico establecido, transgrediendo la norma penal.
