Luis García
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Hace apenas una semana que se produjeron en la República Dominicana dos acontecimientos que pusieron en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad nacional y que ameritan una reflexión profunda de parte de la sociedad en general.
El domingo 23 de este mes se registró en Santo Domingo un evento, calificado de sabotaje por las propias autoridades gubernamentales, en el Aeropuerto Internacional las América (AILA), cuando desconocidos cortaron los cables eléctricos, causando un apagón en la pista de la terminal que afectó a 15 vuelos; mientras que en Puerto Plata 32 personas quedaron varadas al producirse un desperfecto en el histórico teleférico de esa ciudad.
Los hechos tienen en común el que ocurrieron en instalaciones de mucha afluencia de público, pero, sobre todo, que entran en la categoría de seguridad nacional.
Esto implica un asunto delicado para un país que, como la República Dominicana, depende económicamente, en gran manera, de la industria turística y de la inversión extranjera.
El caso del AILA resultó inadecuadamente manejado en términos de comunicación por parte de las autoridades. Una vez se produjo el hecho, no tardó el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria en decir que se debió a un cortocircuito, lo cual fue enmendado por la Vicepresidencia de la República al informar que se trataba de un sabotaje.
Ambos señalamientos evidenciaron falta de tacto y de apresuramiento ante situaciones de esa envergadura.
Lo anterior quedó demostrado al día siguiente del hecho, en virtud de que el Gobierno anunció una investigación a fin de determinar los autores intelectuales y materiales. Hasta el momento se desconocen los resultados; quizás nunca lleguen, porque el error comunicacional inicial puede llevar al país al paredón en el entorno internacional.
Hay que ser cuidadoso en estos casos, porque hechos de esa naturaleza podrían ser aprovechados por competidores del turismo dominicano para sembrar dudas acerca de una supuesta inseguridad en los aeropuertos del país.
El mundo siempre ha sido inestable y el futuro, por vía de consecuencia, impredecible para los países, en lo particular, y la humanidad en sentido general.
Los temas de defensa y seguridad nacional son prioritarios en las agendas de los países desarrollados, en los que invierten extraordinarias partidas presupuestarias.
El objetivo es obvio: blindarse ante eventuales amenazas a la defensa y la seguridad nacional.
En el caso dominicano, amenazas como el narcotráfico, el crimen transnacional y la migración ilegal representan materias pendientes de ser abordadas a profundidad por los actores políticos y sociales.
Nuestro país, por diversas razones, constituye un Estado débil, cuya incidencia en el escenario geopolítico no es significativa. El Poder Nacional debe verse como la expresión integradora de los recursos con que cuenta un Estado determinado con la finalidad de defender sus intereses internos y externos.
Afortunadamente, desde 1997, hemos venido creando una masa crítica en estudios geopolíticos y estratégicos, pero cuyo valor se desconoce, a juzgar por la dispersión de esos valiosos recursos humanos. Me refiero a los cientos de egresados de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE).
Los egresados de ese centro de estudios superiores reúnen el perfil para identificar amenazas y desafíos de la defensa, la seguridad y el desarrollo en las expresiones del Poder Nacional y desempeñarse como planificadores estratégicos en los referidos temas.
Desde el ámbito del poder político se debe entender que el tema de la seguridad nacional no es cualquier cosa, sino asunto tan serio que, manejado inadecuadamente, puede conducirnos a situaciones difíciles como nación.
