La Redacción
Santo Domingo
Un año de prisión preventiva como medida de coerción fue impuesto a una mujer, acusada por el Ministerio Público de estafar con más de RD$265 millones a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la medida a la imputada Aida Ramos de Hernández y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
La titular de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público, Karina Concepción Medina, dijo que su sometimiento se realizó con base en evidencias que el Ministerio Público asegura vinculan a la implicada al crimen.
Específicamente, se le acusa a Ramos de Hernández de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos, así como a la asociación de malhechores para el uso de los documentos falsos y el lavado de dinero, cometidos durante los últimos 17 años.
En la instancia con la solicitud de medida de coerción, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros detalla que abrió una investigación en contra de sociedades comerciales representadas por la imputadas: Metrocrédito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S.
Las autoridades justificaron dicha investigación debido a que en el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra 39 acciones penales por los crímenes mencionados.
Asimismo, el expediente detalla que Ramos de Hernández se asoció con otros accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar intermediación financiera no autorizada a través de las citadas entidades, cuyo objeto social era el financiamiento de vehículos y otros bienes e inmuebles.
Poseían domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.
A través de este supuesto esquema, Ramos de Hernández, junto con otros accionistas, utilizó esas sociedades para hacerles creer a las víctimas que tenían la autorización de la Junta Monetaria para hacer la intermediación financiera, ofreciéndoles recibir sus ahorros a través del instrumento de captación denominado “papel comercial”.
Esto, según el órgano persecutor, lo hacían a fin de cederlos a terceros en calidad de préstamos, para recibir ganancias con tasas de interés anuales que oscilaban entre un 4 y un 18 por ciento.
Asimismo, el Ministerio Público acusó a Ramos de Hernández de cometer estos hechos en asociación con Alain José Gómez, quien en marzo de 2020, antes de que las víctimas presentaran las querellas, huyó del país hacia Cuba y desde ahí hacia Rusia y es buscado por la Organización Internacional de Policía.
