La Redacción
Santo Domingo
La empresa Seaboard, que opera las barcazas generadoras de electricidad en el río Ozama, amenazó con acudir a instancias internacionales si es necesario, para hacer valer el contrato de concesión suscrito con el Estado dominicano hasta el 2030 indicando que la resolución adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente violenta los derechos adquiridos de la empresa.
“Nuestros abogados están estudiando la resolución número 0022-2021, de Medio Ambiente, para responderla tomando en cuenta todas las consideraciones legales, pero podemos adelantar que, en medio de esta lamentable situación, en la resolución afloran verdades que era necesario que fueran emitidas desde una fuente oficial institucional”, manifestó la empresa en un comunicado dado a conocer este lunes.
De manera enfática, la empresa generadora expresa que abogará en las debidas instancias institucionales y diplomáticas y, de ser necesario, en las instancias internacionales disponibles para hacer valer el contrato de concesión.
El Ministerio de Medio rechazó la solicitud de la empresaTranscontinental Capital Corporation (Seaboard), de operar de forma simultánea las barcazas generadoras de electricidad “Estrella del Mar II”, que se encuentra activa, y “Estrella del Mar III” en el río Ozama, otorgando un plazo de 24 meses a la empresa para el retiro del río Ozama de las barcazas.
La decisión está contenida en la resolución 0022-2021, a través de la cual, las autoridades del sistema eléctrico deben realizar las adecuaciones necesarias que compensen al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado el retiro de la barcaza Estrella del Mar III.
La Seaboard estima que si el Estado decide descontinuar tendría que pagar el costo de la estimación técnica más la indemnización, lo cual calculan en “varios cientos de miles de millones de pesos”.
“Vale la pena resaltar que esta estimación técnica no incluye el costo de indemnización a Seaboard en varios cientos de miles de millones de pesos, que habría que pagar como resultado de la discontinuidad del Estado, si por motivo de esta resolución resultara inviable nuestra concesión”, expone en su comunicado.
Detalla que los costos estimados en la resolución de Medio Ambiente más los de indemnización a la empresa, serían apenas algunos de los costos tangibles, pero los costos intangibles serían aún más altos para República Dominicana, como un destino de inversiones confiable, donde se respeta la seguridad jurídica y la institucionalidad.
La empresa refiere que la resolución de Medio Ambiente no establece ningún criterio objetivo para explicar su decisión, ya que no cita ninguna situación de incumplimiento o violación por parte de la empresa y tampoco cita ningún incidente de seguridad, salud o ambiente en sus operaciones.
En el comunicado Seaboard destacó que esta resolución fue entregada a la empresa el pasado viernes 30 de abril a las 5:00 de la tarde, justo una hora después de que pagara al Estado más de RD$1,000 millones, por impuestos aduanales para el ingreso de la planta Estrella del Mar 111.
Expone que el costo financiero de construir esta infraestructura asciende por lo menos a RD$600 millones y tomaría algo más de dos años ponerla en funcionamiento, según las propias estimaciones oficiales citadas por Medio Ambiente indica la empresa.
