La Redacción
Santo Domingo
El ex-director nacional de Registro de Títulos, Wilson Gómez Ramírez, denunció que está en marcha lo que definió como “un siniestro” proceso de contrarreforma en la Jurisdicción Inmobiliaria que pone en peligro ese sistema que tiene más de un siglo de aplicación, constituyéndose en una sólida garantía de los derechos registrados sobre las propiedades.
El también ex-juez del Tribunal Constitucional habló en la puesta en circulación del Diccionario Juridico Inmobiliario Registral, de su autoría, presentado por el prologuista de esta obra, Jorge A. Subero Isa, ex-presidente la Suprema Corte Justicia, y contó con las palabras del escritor Rafael Peral Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en un acto efectuado en el Colegio Dominicano de Notarios, en el sector de Gazcue.
Gómez Ramírez expresó que “con el sistema actual y su estructura organizativa la información registral se logró una categórica, fuerte fe pública, un exitoso incremento del crédito territorial, el afianzamiento de la seguridad jurídica, un clima de incontrovertible certeza, razón por la cual resulta inexplicable improvisar, desconociendo las normas legales vigentes, se esté legislando abiertamente por vía reglamentaria, subvirtiendo con ello el orden institucional de la Nación”.
Aseveró que “forzosamente se ha hecho desaparecer la autonomía funcional de las oficinas judiciales, colocando a los usuarios del servicio registral en un estado riesgo e indefensión, impidiéndole de ejercer sus derechos de manera directa y libre ante un oficial legalmente facultado por la ley, responsable de ejercer la delicada función calificadora, principio fundamental para preservar los derechos registrados”.
Manifestó que “aproximadamente 80 millones de dólares se invirtieron en el proceso de reforma y modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria, y ahora se ejecuta un proceso que procura echar por tierra algo que tanto ha costado al pueblo dominicano merced a los caprichos de quienes a cargo en la actualidad la administración del poder judicial”.
“Pretender un Registro de Títulos único es remontarse al 1920, año en el que fue incorporado el sistema Torrens a la República Dominicana, y es precisamente el registro único lo que más le criticaron los tratadistas de esta materia a este importante sistema, tenido como uno de los mejores del mundo”, adujo Gómez Ramírez.
Finalmente, dijo que “con todo esto se persigue sustraer de los depositarios de la fe pública registral de la Suprema Corte de Justicia para colocarlos como meros empleados bajo el Consejo del Poder Judicial, destruyendo de paso la facultad autónoma e independiente de estos oficiales públicos”.
A la presentación del nuevo libro del doctor Gómez Ramírez contó con la presencia, además, de Laura Sánchez, presidenta del Colegio Dominicano de Notarios; Fidias Aristy, ex-director del Consejo Nacional de Drogas; Pedro Rodríguez Montero, ex-presidente del Colegio Dominicano de Notarios, así como abogados, notarios, agrimensores y agentes inmobiliarios.
