La Redacción
Santo Domingo
Más de 4 millones de pesos tendrán que pagar en conjunto la Procuraduría general de la República, el Ministerio de Hacienda y el Colegio Dominicano de Arquitectos y Agrimensores (CODIA), por concepto de las sanciones económicas (astreinte) que le impuso el Tribunal Constitucional, debido al incumplimiento de sentencias o por ejecutarlas fuera del plazo ordenado.
Los montos a pagar fueron determinados por el TC a solicitud de los beneficiados con la condena monetaria.
A la PGR le fijó la suma de RD$3,610,000.00 en beneficio del hogar de niños con VIH Casa Rosa, generado por la inaplicación de la sentencia TC/0246/14, del 6 de octubre de 2014, en la cual le había impuesto una astreinte de RD$10,000 por cada día de retraso.
En esa sentencia se ordenó a la PGR, y a la fiscalía del Distrito Nacional, la entrega a su propietaria de un inmueble donde funciona la Fiscalía Barrial de Villa Consuelo en un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de notificación.
Hacienda
Por incumplimiento de la Sentencia TC/0760/18, dictada el 10 de diciembre de 2018, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones a cargo del Estado deberán pagar la suma RD$115,000 a la señora Viergelie Gerrier Celestin, por concepto de 23 días de liquidación de astreinte.
Ese monto fue generado por el retraso en la ejecución de la sentencia TC-760/18, que ordenó el pago de una pensión por sobrevivencia e impuso una sanción de 5,000 pesos por casa dìa de retardo.
Gremio de ingenieros y arquitectos
El monto del CODIA asciende de RD$280,000 por incumplimiento de la sentencia TC/0001/19, del 29 de marzo 2019, que lo condenó a pagar RD$1,000 por cada día de retardo, en favor del señor Livio Mercedes Castillo.
Esa sentencia ordenó al CODIA entregar informaciones sobre los presupuestos ejecutados y la nómina del gremio del 2017 al 2018, en un plazo no mayor de 15 días, a partir de la notificación de la sentencia.
Obligación a pagar
El Tribunal Constitucional señaló, en la sentencia TC-037-21, que “las astreintes deben ser ejecutadas, porque de lo contrario su carácter conminatorio sería inefectivo y dejaría de tener utilidad su imposición, si el deudor finalmente vence su resistencia de forma tardía, sin ninguna consecuencia”.
Argumentó que la finalidad no es de una indemnización de daños, sino un medio compulsorio para ejecutar lo establecido en una decisión, debido a que se dictan para ser cumplidas, garantizando con ello la justicia y la tutela judicial efectiva, y máxime cuando emana del Tribunal Constitucional, cuya decisión firme, no es susceptible de ningún tipo de recurso.
