Luis García
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La República Dominicana sigue reportando víctimas mortales como consecuencia del Covid-19, una situación que no deja de preocupar a autoridades y a los sectores más conscientes de la sociedad.
La vacunación contra el patógeno constituye la esperanza de la humanidad para frenar la pandemia, en medio de una lucha geopolítica de acaparamiento de los biológicos por parte de las potencias mundiales, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido.
En el caso dominicano, se reconoce el esfuerzo tesonero de la administración que encabeza el presidente Luis Abinader para conseguir la vacuna.
Esto ha permitido que en América Latina a la República Dominicana solo la supere Chile en el porcentaje de la población inoculada, tras negociar más 2 millones de dosis procedentes de la República Popular China.
Actualmente la escasez y el acaparamiento conspiran para continuar con la campaña de vacunación. También podría estar llegando el fin de la complacencia coyuntural de los chinos con las autoridades dominicanas para facilitarles la venta del biológico, que se ha producido consecuencia de un juego geopolítico en procura del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, restablecidas en mayo del 2019.
Este panorama indica que el tema de conseguir la vacuna podría complicarse en la medida en que avanzan los meses, por lo menos hasta agosto de este año, mes en el que Estados Unidos tiene prevista la culminación del proceso de inmunización contra el Covid-19. Y resulta un imperativo que sigamos vacunando a la población, en vista de que de eso depende, en gran medida, la salud de nuestra economía.
Aunque el gobierno ha dicho que solo el sector oficial importaría la vacuna, en esta coyuntura sería importante reflexionar sobre la conveniencia de que el sector privado también pueda gestionarla. Esto en nada implicaría que el Estado ceda su condición de garante de la salud del pueblo dominicano.
Hay que tomar en cuenta que fue, precisamente, el sector privado el que contribuyó a la solución del problema de la carencia de prueba PCR para la detección del virus, luego de la entrada del virus al país, cubriendo las tres cuartas partes de la demanda. Esa participación privada en nada disminuyó el rol constitucional del Estado.
La educación es otro servicio público en el que incursiona libremente el sector privado. No olvidemos que la economía dominicana es de libre mercado; el Estado funge de regulador para que el interés colectivo no resulte perjudicado ante prácticas monopólicas u oligopólicas.
Lo cierto es que, si determinadas empresas están en capacidad de gestionar y traer el biológico, que lo hagan, de manera que pueda acceder al mismo quien tenga la capacidad adquisitiva para hacerlo. Lo que las autoridades gubernamentales no deben es renunciar a su obligación de ofrecerlo a la población.
Lo verdaderamente relevante es entender que una población enferma se ve limitada en aportar con el desarrollo económico. Una vez frenemos a la pandemia, entonces se podrá avanzar consistentemente hacia el desarrollo y la construcción de un país más promisorio. No se trata solo del Covid-19; en la República Dominicana tenemos desafíos que son inaplazables, entre ellos el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Estas lacras representan graves cuestiones para la colectividad nacional, y enfrentarlas constituye un compromiso de todos.
El trabajo coordinado y en conjunto es de vital importancia para dar respuestas adecuadas en aquellos temas que, por su propia naturaleza, traspasan nuestras fronteras.
Nada se perdería si el gobierno autoriza al sector privado a gestionar e importar los biológicos necesarios para reducir los efectos del virus. El país requiere de una población que genere riquezas y logre la anhelada recuperación económica.
